Los regionalistas solicitan que se vuelva a incluir una partida nominativa para la entidad en los presupuestos del Consistorio.
El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido al Consistorio un “compromiso estable con la necesaria financiación del Orfeón Pamplonés”, que actualmente recibe "irregulares convocatorias de ayudas y contratos puntuales”.
Los regionalistas consideran que “esta situación no facilita en absoluto la actividad de un conjunto acostumbrado ya a planificar sus proyectos y su calendario con varios años de antelación y a visitar algunos de los escenarios más importantes del mundo”.
En este sentido, han recordado que “una entidad de este calibre no puede estar año a año al albur de convocatorias de ayudas que se publican en abril y cuyo resultado se conoce en noviembre y depende del número de grupos o asociaciones que se presenten”.
Por eso, han recordado que, para este tipo de casos, “la Ley General de Subvenciones contempla la posibilidad de que los presupuestos del Ayuntamiento destinen con carácter excepcional, de manera nominal, subvenciones a determinadas entidades cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario”.
"CHAPUZA" CON LAS PLUSVALÍAS
Por otra parte, los regionalistas han anunciado también una iniciativa para que “el Ayuntamiento de Pamplona insista en la urgencia de contar con una nueva ley que permita devolver las plusvalías indebidamente cobradas”.
Los concejales de UPN han recordado que la ley aprobada por el cuatripartito en diciembre del pasado año, cuestionada ahora por los tribunales, “fue una chapuza que ha conllevado que los ciudadanos no puedan recuperar el dinero indebidamente cobrado sin tener que acudir a los tribunales”.
Ante esta “indefensión e inseguridad jurídica”, han reclamando, además, que en la nueva ley se incluyan “mecanismos para atender las reclamaciones de los contribuyentes, evitando en la medida de lo posible la judicialización de los procedimientos”.
“El Ayuntamiento cobró indebidamente a los particulares unas cantidades que se han demostrado contrarias a derecho y que ahora debe devolver sin obligar a los ciudadanos a pleitear contra la administración”, han concluido.
