La querella admitida a trámite este martes por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona atribuye a Ramón Alzórriz presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias dentro del denominado 'caso Sendaviva'.
El dirigente socialista no será investigado por el juzgado ordinario de Pamplona como el resto de querellados no aforados. Al ser parlamentario foral, su caso deberá remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que es el órgano competente para decidir si abre procedimiento contra él.
La querella de Vox sitúa a Alzórriz en el centro de una posible relación entre las obras adjudicadas en Sendaviva y la empresa que, según la denuncia, también habría realizado la reforma de su vivienda particular. Esa coincidencia es uno de los principales elementos que la formación ha llevado a la Justicia.
Según el escrito, la constructora Adentro Construimos SL, propiedad de Carlos Vidaurre, recibió varios contratos relacionados con la reconstrucción del parque tras el incendio de 2022. Vox sostiene que esas adjudicaciones fueron divididas en cuatro contratos por importes inferiores a 200.000 euros.
Los contratos señalados corresponden a la urbanización del acceso al parque, la construcción del nuevo edificio de entrada, el acondicionamiento de caminos de servicio y la urbanización de una plaza junto a la cimentación de una atracción de caída libre. Para Vox, esa división pudo suponer un fraccionamiento indebido para evitar controles de contratación.
En relación con Ramón Alzórriz, la querella apunta a que la misma empresa adjudicataria de esas obras públicas habría reformado su piso. La investigación deberá aclarar si esa actuación privada guarda relación con las adjudicaciones públicas o si no existe vínculo penal entre ambos hechos.
El presunto delito de cohecho se investiga cuando se sospecha que una autoridad o cargo público ha podido recibir un favor, ventaja o beneficio a cambio de una actuación vinculada a su cargo. En este caso, la querella plantea si pudo existir algún tipo de beneficio relacionado con la reforma de la vivienda y con las adjudicaciones investigadas.
El presunto delito de tráfico de influencias se refiere a la posible utilización de una posición política o institucional para influir en una decisión administrativa o contractual. La causa deberá determinar si Alzórriz pudo intervenir, directa o indirectamente, en decisiones relacionadas con los contratos de Sendaviva.
La querella también incorpora un elemento añadido: la contratación de Martín Vidaurre Martínez, hijo del constructor Carlos Vidaurre, como asesor en el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Navarra. Vox considera que este nombramiento debe analizarse dentro del conjunto de hechos denunciados.
Por ahora, el juzgado ha abierto diligencias previas contra los querellados no aforados y ha acordado enviar la parte relativa a Alzórriz al TSJN. Ese tribunal deberá decidir si asume la investigación contra el parlamentario socialista y qué diligencias practica en relación con él.
La fase abierta ahora sirve para investigar los hechos, recabar documentación y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal por la presunta relación del parlamentario socialista Ramón Alzórriz con el 'caso Sendaviva'.
En este contexto, Vox ha exigido este martes que Alzórriz abandone su acta de parlamentario foral tras la admisión de la querella. La formación considera que los hechos investigados afectan a la gestión de fondos públicos y ha reclamado responsabilidades políticas mientras avanza la causa judicial.
