El vicepresidente Javier Remírez ha afirmado este jueves en el pleno del Parlamento que el Gobierno de Navarra está "fomentando, promocionando y protegiendo el euskera" desde el respeto a la legalidad y como patrimonio de todos que es, la "mejor contribución" a su juicio a esta lengua y a la convivencia.
El consejero ha respondido así a una interpelación de la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien ha recordado que la Administración debe garantizar los derechos a la ciudadanía y eso conlleva una serie de obligaciones, como contar con personal con conocimiento de euskera para atender los derechos lingüísticos, pero los puestos de empleados públicos vascohablantes son un 2% y hay servicios que no tienen "ni un solo puesto bilingüe".
"Son cifras que no se corresponden con la realidad sociolingüística" sino que quedan "un tercio por debajo" de los datos globales de euskaldunes que hay en Navarra, un 7%, ha dicho, y criticado que a final de legislatura "no hay rastro" de que se vayan a tomar las medidas necesarias sino que, al contrario, parece que el Gobierno "ha retrasado el proceso".
Ha criticado así que para el Gobierno parece que "el euskera no es una lengua minorizada que hay que fomentar sino una especie de capricho" que a veces "parece que usamos para molestar", y ha lamentado que se gaste dinero público para formar a los empleados si luego no se le saca un provecho.
Según Remírez, sin embargo, la atención en euskera a la ciudadanía depende de la zonificación lingüística y el tipo de servicio, centrales o no, mientras que las plazas preceptivas en este idioma vienen recogidas en los planes lingüísticos, todo ello según el marco legal, y en éste ha incluido el próximo decreto de valoración de méritos para el acceso a la función pública aún en fase de elaboración atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades, la realidad sociolingúística y la voluntariedad.
"Con este Gobierno ha habido un avance claro en política lingüística y en la atención y acceso de la ciudadanía euskaldun y los trámites con la administración", ha aseverado, y añadido que no le consta "ningún tipo de agravio", por lo que ha apostado por "avanza con racionalidad, moderación en las formas, inteligencia y persuasión", y "respetando" las distintas intensidades de acceso a la misma por parte de la ciudadanía.
Y ha afirmado que no solo la Administración cumple la norma sino que se han realizado "importantes" mejoras en materia de euskera en cantidad y calidad, incluida la oferta presencial y tecnológica, unida a una "apuesta continuada" por la formación en euskera para los empleados públicos, para lo que el presupuesto ha pasado en esta legislatura de 7 a 11 millones.
Para Navarra Suma, ha comentado Iñaki Iriarte, "un amplio consenso (en materia de euskera) no es un sueño utópico pero para ello han que abandonar los clichés fáciles" y ha criticado que EH Bildu pretenda que "a todos los funcionarios se les exija euskera porque sólo así se podrán garantizar los derechos de los vascohablantes, aunque eso excluirá a la mayoría del acceso al empleo público" cuando los euskaldunes en Navarra son una minoría.
Ha defendido por ello para la toma de decisiones "saber cuántas personas realmente quieren ser atendidas en euskera, de qué recursos se dispone y tener en cuenta que una lengua minoritaria no puede ser un permiso dr trabajo para trabajar en la Administración".
Inmaculada Jurío, del PSN, ha lamentado que "cada vez parece más difícil" un acuerdo en materia de euskera y más cuando llegan elecciones, pero en todo caso ha defendido las medid adoptadas por el Gobierno en el marco de la ley foral del vascuence, y ha subrayad que todos los ciudadano tiene derecho a dirigirse en euskera a la Administración pero el derecho a ser atendidos en euskera solo está reconocido en la zona vascófona.
Se trata de una modulación de requisitos en el acceso a la función pública, según determinadas sentencias también, porque pretender la oficialidad en todo el territorio es "imposición", ha dicho.
Para Geroa Bai, ha señalado Jabi Arakama, "la Administración no puede hablar de voluntariedad para cumplir con los derechos de los ciudadanos, es una obligación", y ha denunciado, tras valorar el trabajo de Euskarabidea, que el Gobierno "no está cumpliendo" con los planes de euskera, una cuestión que "tiene paralizada", ni ha aprobado aún el decreto de méritos, que "se han tomado con bastante tranquilidad".
"Están jugando con los derechos de los vascohablantes en función de sus intereses", ha aseverado, y añadido que el Gobierno "pone obstáculos" con "excusas" como la voluntariedad que "han atacado" en el caso de Mañeru.
Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha indicado que está "muy claro" que se debe propiciar la atención a la ciudadanía en las dos lenguas de Navarra pero con un "pírrico" porcentaje de empleados públicos euskaldunes no es posible.
Marisa de Simón, de I-E, ha reconocido "pasos importantísimos" en la normalización lingüística y avances en derechos, pero sin embargo ha considerado que la promoción y el desarrollo son aspectos "muy abandonados".
