La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado este sábado al Gobierno de Navarra en el centro de sus críticas al asegurar que el Ejecutivo foral está “inmerso en una gran trama de corrupción”. La dirigente madrileña ha pronunciado esta acusación durante su llegada al acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, donde ha elevado el tono político al denunciar lo que considera un trato desigual hacia las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Ayuso ha enmarcado esta acusación en una reflexión más amplia sobre la actuación del Gobierno central, al que ha reprochado que ignore responsabilidades políticas en otros territorios mientras, a su juicio, amplifica controversias que afectan a la Comunidad de Madrid. En esa línea, ha afirmado que la Moncloa “exagera y crea escándalos de cualquier cosa” relacionada con autonomías del PP, mientras evita profundizar en situaciones que afectan a gobiernos de signo socialista.
Como ejemplo de ese supuesto doble rasero, la presidenta ha citado la crisis de la peste porcina en Cataluña, donde —según ha señalado— “no se buscan responsabilidades políticas” porque el presidente autonómico es el socialista Salvador Illa. También ha comentado que “tampoco se habla” de los efectos de la dana en otras comunidades, salvo en la Comunidad Valenciana. Es en ese punto donde ha introducido su crítica más contundente hacia Navarra, al afirmar que en este caso tampoco se piden explicaciones políticas “para el Gobierno de Navarra, inmerso en una gran trama de corrupción”.
Y es que, como es sabido, el presunto caso de corrupción de los túneles de Belate ha situado bajo sospecha una de las obras públicas más importantes adjudicadas en Navarra en la última década.
La investigación apunta a que la unión de empresas encargada del proyecto —en la que participaba la constructora Acciona junto a Excavaciones Osés y Servinabar 2000 SL— habría sido supuestamente pactada antes incluso de que el Gobierno foral licitara oficialmente la obra, valorada en más de 70 millones de euros. Servinabar, pese a su reducido tamaño, logró acceder a contratos millonarios de obra pública en Navarra.
El elemento clave del escándalo se encuentra en la vinculación entre Servinabar y Santos Cerdán, amigo personal de MAría Chivite y mentor político, dirigente del PSOE y diputado navarro. Informes policiales han señalado que él habría mantenido participación en la empresa al mismo tiempo que esta conseguía adjudicaciones públicas. La UCO investiga además si existió una comisión del “2%” en favor de Servinabar cada vez que Acciona resultaba adjudicataria, lo que podría indicar una relación de favores a cambio de influencia política en las mesas de contratación.
La Oficina Anticorrupción de Navarra llegó a declarar nula la adjudicación de Belate por múltiples irregularidades administrativas, como la falta de transparencia, la vulneración de la confidencialidad del concurso y el uso de informes técnicos que no justificaron correctamente la puntuación otorgada a las empresas. A ello se añadió el cese del director de Obras Públicas del Gobierno navarro tras el escándalo, lo que incrementó el impacto político del caso.
Este presunto amaño no se investiga de forma aislada. Belate ha pasado a formar parte de una trama mayor, vinculada al llamado Caso Cerdán, que analiza una red de adjudicaciones públicas a empresas relacionadas con dirigentes socialistas. Sin sentencia firme todavía, la investigación continúa, pero el caso ya ha sacudido la estabilidad del Gobierno de Navarra y ha generado uno de los mayores terremotos políticos de los últimos años en la comunidad.
