El Ayuntamiento de Berriozar, gobernado por EH Bildu, ha decidido destituir al jefe de la Policía Municipal, Juan Ceballos, tras más de 25 años de servicio en la localidad. El relevo ha generado malestar interno en el cuerpo y ha abierto un debate político y social en el municipio.
El equipo de gobierno ha trasladado a los grupos municipales que el cambio pretende “dar un nuevo impulso” a la Policía Municipal. La comunicación se ha hecho a través del teniente de alcalde, Félix Puyo, en una comisión de Estructura Municipal del consistorio.
Sin embargo, en Berriozar ha crecido la controversia por la coincidencia temporal con un desahucio reciente vinculado a una orden judicial. Según se ha publicado, el 2 de febrero una comitiva judicial requirió la presencia de Policía Municipal en un desahucio en la zona limítrofe con Berriozar, aunque el inmueble se encontraba en término de Aizoáin (Berrioplano). Ante la negativa a abandonar la vivienda, la actuación acabó con presencia de la Brigada de Intervención de Policía Foral y el desahucio se ejecutó tras varias horas.
La clave política del caso está en lo ocurrido después. En las últimas semanas han aparecido publicaciones en redes sociales criticando que agentes de un municipio gobernado por Bildu participaran en un desahucio. Esa presión en internet podría haber pesado en la decisión, según apuntan fuentes sindicales y comentarios vecinales, aunque el Ayuntamiento no lo ha confirmado y mantiene la explicación oficial de la reorganización.
El sindicato UGT en el Ayuntamiento de Berriozar ha pedido al alcalde, Iker Mariezkurrena, que reconsidere el cese. En un comunicado, UGT ha expresado su “más firme rechazo”, ha asegurado que no se ha dado una justificación técnica clara y ha advertido del riesgo de que la medida se interprete como partidista.
También han circulado mensajes de organizaciones policiales en redes sociales preguntando de forma directa si el cese guarda relación con el desahucio y si se ha buscado un “cabeza de turco”, en alusión a la polémica generada.
En el plano político, el Partido Popular de Berriozar ha denunciado “falta de transparencia” y ha calificado el cese de “grave, precipitado y carente de explicación razonada”. Su portavoz, Daniel Cuesta, ha señalado que “resulta legítimo preguntarse” si se trata de una decisión técnica o de una decisión política para contentar a sectores próximos a EH Bildu que han cuestionado actuaciones policiales realizadas “en cumplimiento estricto de la legalidad”.
El PP ha trasladado además su apoyo a Juan Ceballos, ha alertado del malestar en la plantilla y ha anunciado que llevará al pleno del 25 de febrero una declaración institucional para reclamar la justificación pública del cese, estabilidad en la jefatura hasta el final de la legislatura y respeto a la autonomía técnica del cuerpo.
