La socialista encara el tramo final de la legislatura acorralada por el caso Belate, el fraude de Sendaviva y la debacle de los servicios públicos.
Tres años después de que el Parlamento de Navarra la reeligiera en segunda votación el 15 de agosto de 2023 y tomara posesión dos días más tarde, el 17 de agosto, María Chivite arranca el cuarto y último año de su segundo mandato inmersa en la peor crisis política, ética e institucional de su carrera. El autodenominado "gobierno del progreso" encarará su recta final completamente ahogado por la investigación judicial de las presuntas tramas socialistas, el sometimiento ideológico a EH Bildu y el colapso de unos servicios públicos estrangulados por una presión fiscal récord.
El nacimiento mismo de esta legislatura se encuentra indisolublemente ligado a la figura de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE que ha permanecido en prisión provisional y se encuentra a la espera de juicio como presunto cerebro de la trama. La gestación del actual Ejecutivo foral no se entiende sin los pactos bajo cuerda que Cerdán tejió con la cúpula de EH Bildu para entregar la Alcaldía de Pamplona a la izquierda abertzale a cambio de amarrar la Presidencia para Chivite. La continuidad del PSN en el Palacio de Navarra era el requisito imprescindible para que la red presuntamente corrupta pudiera seguir operando en la adjudicación de obra pública en la Comunidad Foral.
La sombra de la corrupción no es una hipótesis de la oposición, sino una realidad que acorrala al Ejecutivo en los tribunales. La Audiencia Nacional investiga la adjudicación de las obras de los túneles de Belate por un valor superior a los 76 millones de euros. La inclusión de Servinabar en la UTE adjudicataria y los informes de la Guardia Civil (UCO) sobre las mordidas y los flujos de dinero procedentes de las contratas hacia las cuentas y tarjetas de Cerdán ponen en evidencia que el Gobierno de Chivite ha servido de plataforma para el presunto enriquecimiento ilícito de la trama socialista.
A este escándalo multimillonario se suma la ramificación del fraccionamiento ilegal de contratos en el parque de Sendaviva. El Ejecutivo de Chivite recurrió de manera sistemática a la división artificial de contratos públicos para eludir las licitaciones transparentes y adjudicar a dedo trabajos a empresas afines a la red, saltándose los controles administrativos y la Ley de Contratos del Estado. Este patrón de fraccionamiento irregular en Sendaviva constata una praxis generalizada de amaño de fondos públicos que salpica directamente a la gestión del Gobierno autonómico.
Esta red de favores económicos corre en paralelo al sometimiento político hacia EH Bildu, indispensable para sostener la gobernabilidad. Fruto de esta alianza, los socialistas han cruzado líneas rojas históricas como la postura ante la Transitoria Cuarta de la Constitución. Al votar junto a los abertzales para bloquear su derogación, el PSN ha avalado la vía legal que busca la integración de Navarra en la República Vasca, priorizando los intereses de la coalición sobre la identidad institucional de la Comunidad Foral.
Paralelamente, el clima social se ha enrarecido con el repunte de la violencia de calle y el acoso por parte del sector radical abertzale hacia representantes democráticos y ciudadanos que no comulgan con su proyecto. Ante este aumento del hostigamiento, el Ejecutivo foral ha optado por un perfil bajo y tibio para evitar fracturar la alianza parlamentaria que sostiene a Chivite en el Gobierno.
El balance económico del trienio refleja una implacable asfixia fiscal sobre las clases medias y el tejido productivo. Desde 2019, la Hacienda Foral ha incrementado la recaudación tributaria un 49% —extrayendo 1.925 millones de euros adicionales del bolsillo de los navarros— para financiar un engranaje institucional inflado con casi 200 nuevos cargos públicos que cuesta 40 millones de euros. Hoy, el contribuyente medio trabaja 231 días al año solo para pagar impuestos (50 días más que antes del mandato de Chivite), mientras Navarra cae estrepitosamente al puesto 14 en el Índice de Competitividad Fiscal.
Este infierno fiscal ha dinamitado la atracción de inversiones: entre 2019 y 2025 se ha registrado una fuga neta de 173 empresas, mientras el PIB navarro (1,8%) presenta la peor previsión de crecimiento de toda España y la producción industrial sufre un desplome interanual del 7,7%. Este parón económico contrasta dramáticamente con la degradación de los servicios públicos: las listas de espera sanitarias rozan los 65.000 pacientes (26.000 más que en 2019), la demanda de vivienda protegida alcanza los 25.000 inscritos y la valoración de la discapacidad se retrasa hasta los 13,5 meses. Un colapso asistencial que, sumado al repunte de las tasas de criminalidad por encima de la media nacional, confirma el balance más negro de la etapa de Chivite al frente de la Comunidad Foral.
