El sindicato ELA considera que el Gobierno de Navarra "quiere aprobar la Ley Foral de Salud para poder despedir en el Servicio Navarro de Salud".
Así lo indica en un comunicado en el que pide la retirada de esa iniciativa con la que, según detalla, "pretende crear las entidades públicas empresariales de Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, modificando su actual naturaleza jurídica", lo que supone que el personal que se incorpore será laboral y no funcionario.
Esto, concluye, "no cierra la puerta a la privatización, y permite al Gobierno despedir o amortizar plazas en Osasunbidea al igual que en cualquier otra empresa pública o privada".
El sindicato ha dado a conocer un informe sobre la sanidad pública que ha sido presentado este martes por Imanol Pascual, coordinador de ELA de Navarra, Josune Guerra, responsable de Osasunbidea e Iñaki Zabaleta, miembro del Gabinete de Estudios.
Entre sus conclusiones señalan que "la falta de inversión empeora Osasunbidea y abre la puerta a la sanidad privada" y apuntan en ese sentido que "la desinversión continuada queda patente en el proyecto de presupuesto de 2025, que solo crecerá un 1% respecto al crédito definitivo de 2024, pierde 0,2 puntos respecto al conjunto de la economía y crecerá menos que la inflación".
Esta falta de inversión, según ELA, provoca que el gasto público en salud en Navarra sea 590 millones de euros menor que la media de la UE-27.
El sindicato subraya, además, que el ratio de personal médico es un tercio menor que la media de la OCDE, y el de personal de enfermería es la mitad, "siendo la situación de la atención primaria especialmente grave".
Todo ello hace que la calidad del servicio "empeore, como se ve, entre otras cuestiones, en las listas de espera y en la espera real, que es superior a la que indican las estadísticas", advierte ELA que opina que de esa forma "abre la puerta al negocio de la salud privada a quien la pueda pagar".
Cuestiona también la temporalidad del 51,7 % (cuando según una directiva europea debería ser menor al 8% y la media de temporalidad en el sector privado es del 18,7 %), un 21,1 % de parcialidad, y una pérdida de poder adquisitivo del 15,8% en 15 años.
A todo ello suma la "la discriminación en la carrera profesional", ya que "de las 5.200 personas que no la tenían reconocida, 2.150 de los niveles C y D seguirán sin tenerla".
En este contexto demanda un aumento de la inversión en la salud pública para mejorar la calidad de las condiciones laborales y de la asistencia sanitaria.
