Navarra seguirá contratando a terroristas condenados como profesores de niños. Al igual que hicieron en el Parlamento, Chivite y sus socios rechazan ahora en el Ejecutivo navarro la iniciativa legal planteada por UPN de reforma legal para impedir que los asesinos de ETA y los condenados por terrorismo puedan acceder a la docencia en Navarra, y y lo que es peor, educar niños en los colegios públicos de Navarra.
Este miércoles, el gobierno de Chivite ha mostrado su disconformidad a la toma en consideración de dos proposiciones de modificación del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones y de la ley foral de Subvenciones, planteadas por UPN en el Parlamento foral para limitar que personas condenadas por terrorismo puedan ejercer como docentes de alumnado menor de edad o recibir ayudas públicas.
El Ejecutivo foral apoya su disconformidad en "la falta de sustento jurídico" de las modificaciones propuestas, "plasmada en un informe emitido por la letrada mayor del Parlamento de Navarra el pasado 7 de marzo y en un extenso dictamen emitido con fecha 19 de marzo por el Consejo de Navarra, a petición de la Cámara foral", que "expone las serias dudas de inconstitucionalidad que suscita la modificación normativa pretendida". La Dirección General de Función Pública acaba de emitir también un informe en el mismo sentido, según ha informado el Gobierno foral en una nota.
El Ejecutivo traslada que el informe jurídico del Parlamento de Navarra señala que "las medidas incluidas en las iniciativas adolecen de cierta indeterminación" y plantea "dudas de compatibilidad" de las modificaciones propuestas "con los principios de seguridad jurídica y legalidad garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución", que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El Gobierno añade que este informe señala además que la modificación referida al acceso a cuerpos docentes se rige por una normativa estatal que Navarra no puede modificar. En concreto, expone que los cuerpos docentes no universitarios "tienen un régimen específico que no puede obviarse, y que remite en su aplicación a la normativa estatal y requiere además en el establecimiento de sus requisitos una homogeneidad con el resto de cuerpos docentes autonómicos, pues se trata de funcionarios de ámbito estatal que pueden prestar servicio en cualquier parte del sistema educativo, en ejecución de los concursos de traslados de ámbito estatal, que si bien prevén requisitos generales y específicos, debieran ser establecidos para todos ellos en el marco común básico estatal de la función pública docente".
Las propuestas de modificación promovidas por UPN planteaban "establecer como requisito específico para ser admitido a las pruebas selectivas para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad el no haber sido condenado por sentencia firme" por delitos de terrorismo y que lo demuestre con un certificado de antecedentes penales.
En la misma línea, proponía introducir requisitos para evitar que educadores o personas que trabajan con menores en el ámbito público condenados por delitos de terrorismo puedan obtener ayudas procedentes de fondos públicos para la realización de estas tareas.
