El Gobierno de María Chivite ha vuelto a encender la mecha del agravio territorial en Navarra. La reciente decisión de suspender cautelarmente la planta de biogás de Arróniz ha dejado al descubierto una evidente doble vara de medir: el Ejecutivo ha aceptado detener el proyecto en Tierra Estella utilizando argumentos técnicos que, en el caso de Tudela, se niega sistemáticamente a considerar.
La diferencia de trato coincide, además, con el color político de las alcaldías afectadas: mientras se atiende el recurso de Arróniz (PSN), se mantiene el pulso administrativo y legal contra Tudela (UPN).
En Arróniz, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha dado marcha atrás de forma fulminante. Ha bastado con que el consistorio socialista denunciara que la promotora no tenía autorización expresa de los dueños de las parcelas para el vertido de residuos. Al faltar esa "base territorial suficiente" (unas 1.500 hectáreas de comunales sin conformidad legal), el Gobierno ha suspendido la planta para evitar daños mayores.
Sin embargo, en la capital ribera, el escenario es el opuesto. A pesar de que el Ayuntamiento de Alejandro Toquero ha presentado objeciones similares y mucho más graves, la respuesta del Gobierno ha sido el silencio o el choque frontal.
Se da la circunstancia de que en Tudela, el propietario de los terrenos, negó esa misma autorización a Nilsa que en Arróniz ha servido de base para dar carpetazo a la planta de Biogás en suelo de un ayuntamiento socialista.
Además, en el caso de la Arróniz, el Gobierno de Navarra ha actuado de oficio tras el recurso, en Tudela ha sido el TSJN quien ha tenido que admitir a trámite un contencioso para frenar la planta de NILSA ante la negativa del Ejecutivo de Chivite.
Asimismo, el departamento de Medioambiente mantiene viva la autorización ambiental en la Ribera pese a que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha exigido rectificarla por invadir sus competencias en materia de vertidos.
Por otro lado, mientras en Arróniz se ha valorado el impacto en el terreno, en Tudela se ignora que la planta se ubicará a menos de un kilómetro de las viviendas.
El contraste resulta "incómodo" para el Palacio de Navarra. Si la falta de respaldo sobre los terrenos es causa suficiente para suspender una planta de biogás en un municipio del PSN, ¿por qué no se aplica el mismo celo en la Ribera?
La ofensiva de Tudela sostiene que el proyecto de NILSA se autorizó "a contrarreloj" para esquivar la moratoria del biogás. Con la suspensión de Arróniz sobre la mesa, el discurso del "doble rasero" de Chivite cobra más fuerza que nunca, retratando un Gobierno que parece modular su rigor técnico en función de la sintonía política con el ayuntamiento de turno.
