El órgano fiscalizador analiza cinco contratos adjudicados a Acciona y confirma su legalidad, aunque advierte de deficiencias formales en la promoción de viviendas en Egüés.
La Cámara de Comptos de Navarra ha publicado este 10 de octubre de 2025 un informe sobre cinco obras públicas adjudicadas a las UTE Acciona-Servinabar y Acciona-Alegure, entre ellas la adecuación del Pabellón Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la construcción de viviendas de protección oficial en Egüés y Erripagaña y el colegio público de Arbizu.
El análisis, remitido al Parlamento de Navarra, se ha elaborado a raíz de la investigación de la Guardia Civil en el caso Ábalos, en la que se citaba a la empresa Acciona. A petición de la presidenta María Chivite, la Cámara revisó la contratación, adjudicación y ejecución de estas obras públicas.
En líneas generales, el órgano fiscalizador concluye que los procedimientos se ajustaron a la normativa de contratación pública, aunque detecta deficiencias formales en la documentación de una de las promociones de vivienda en Erripagaña (Egüés).
La adecuación del Pabellón Arena, adjudicada en 2017 por 4,6 millones, fue otorgada a la UTE Acciona-Servinabar, única licitadora, con una rebaja del 0,2%. El contrato aumentó en 200.000 euros por mejoras solicitadas por federaciones deportivas, y la empresa fue sancionada con 78.000 euros por retrasos. La Cámara considera que el proceso fue correcto y los ajustes “razonables y justificados”.
En la reforma del antiguo Archivo General de Navarra y los jardines de acceso, adjudicada por 2,4 millones tras concurrir cuatro ofertas, también se cumplió la normativa. La obra se amplió seis meses por imprevistos y alcanzó un coste final de 2,9 millones, con modificaciones que el informe considera “debidamente justificadas”.
El colegio público de Arbizu, adjudicado en 2018 a la UTE Acciona-Alegure por 3,2 millones, sufrió retrasos en la ejecución. El Departamento de Educación amplió el plazo en dos meses y aumentó el presupuesto en 85.000 euros. Finalmente, el coste ascendió a 3,3 millones, con una penalización de 18.000 euros por demora.
En el caso de las 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña (Egüés), la Cámara detecta la ausencia de actas de la mesa de contratación y la inclusión indebida de información sobre plazos en sobres que no lo permitían, lo que constituye una causa de exclusión. Pese a ello, el contrato se adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar por 6,8 millones y se incrementó en 900.000 euros por modificaciones justificadas.
La segunda promoción, de 46 VPO en Erripagaña (Pamplona), adjudicada en 2023 por 7,8 millones, también cumplió con la normativa. El coste final ascendió a 8,3 millones y la UTE está pendiente de justificar la contratación de dos personas conforme a criterios sociales.
Por último, el informe revisa las participaciones empresariales en las UTE. En el colegio de Arbizu, Acciona pasó de tener un 75% a un 99,99% del contrato en pocos meses. En las 62 VPO de Egüés, aunque la oferta inicial atribuía un 20% a Servinabar, las declaraciones fiscales muestran que Acciona controló el 99,99%. Además, las cuentas de Servinabar en el Registro Mercantil no reflejan ingresos ni gastos derivados de estas obras, pese a constar su participación en las declaraciones fiscales.
La Cámara concluye que, aunque no se han detectado irregularidades económicas graves, existen deficiencias de transparencia y falta de coherencia documental en algunos procesos, especialmente en la promoción de Egüés.
