María Chivite afronta este lunes, 15 de junio, una nueva sesión política marcada por las preguntas sobre los papeles de Leire Díez y las posibles gestiones vinculadas a empresas, proyectos o adjudicaciones en Navarra. La pregunta oral del PPN centrará buena parte de la atención del pleno. Los populares piden explicaciones sobre las “reuniones mantenidas por María Chivite con Leire Díez acerca de empresas, proyectos o adjudicaciones vinculadas a Navarra”.
El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación sobre Obras Públicas, que concluye que no han podido acreditarse prácticas corruptas en el Gobierno foral ni entre funcionarios, ni tampoco injerencias políticas en las adjudicaciones.
El documento ha salido adelante con las conclusiones generales firmadas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, y con las recomendaciones consensuadas también con Contigo-Zurekin, que se ha abstenido. UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita han votado en contra, mientras que el parlamentario de Vox no ha acudido por baja médica.
La comisión, que ha trabajado durante casi un año y aprobó el dictamen en comisión el pasado 10 de junio, sí ha detectado irregularidades y deficiencias en algunos procedimientos, especialmente en la duplicación de los túneles de Velate.
Por ello, el dictamen plantea varias recomendaciones al Gobierno de Navarra, como elaborar un Plan de Integridad en la Contratación Pública, reformar la Ley Foral de Contratos, reforzar la Intervención General y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, y mejorar la transparencia y trazabilidad de los contratos públicos.
Durante el debate, el PSN ha defendido que tras 12 meses de trabajo no se han encontrado indicios que acrediten el relato de la oposición. EH Bildu ha coincidido en que no se han detectado prácticas corruptas y ha acusado a UPN, PP y Vox de instrumentalizar la comisión.
Geroa Bai ha señalado que no se han acreditado instrucciones políticas, presiones externas ni actuaciones destinadas a alterar adjudicaciones. Contigo-Zurekin, aunque se ha abstenido, ha mantenido que ha habido malas prácticas e irregularidades en distintos contratos.
La oposición ha rechazado las conclusiones. UPN ha acusado a los grupos que apoyan el dictamen de “cerrar en falso” la comisión y de “blanquear” responsabilidades políticas. El PP ha sostenido que las conclusiones no reflejan lo ocurrido y responden a un ejercicio de autoprotección del Gobierno. Por su parte, Maite Nosti ha afirmado que la comisión ha servido como coartada política.
El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra reactiva su ofensiva para intervenir en el mercado inmobiliario foral, abriendo un debate que promete generar una fuerte controversia social y jurídica. La vicepresidenta tercera y consejera del ramo, Begoña Alfaro, ha propuesto endurecer la normativa actual para que cualquier inmueble vacío pueda ser declarado formalmente como "vivienda deshabitada", con independencia del número total de propiedades que posea el ciudadano.
La propuesta del Ejecutivo foral pretende demoler el marco legal vigente en la Comunidad foral, el cual exige como requisito indispensable que el propietario sea titular de al menos tres viviendas para que la Administración pueda declarar una de ellas como deshabitada. Aunque Alfaro ha matizado que es consciente de la realidad de Navarra y de las numerosas familias que mantienen una segunda residencia en los pueblos, ha insistido en la necesidad de abrir el debate para perseguir y registrar los inmuebles vacíos de aquellos que no cumplan este supuesto de multipropiedad, con el fin último de forzar su salida al mercado regulado de alquiler o a las zonas de mercado tensionado.
El anuncio coincide con la puesta en marcha de una nueva herramienta digital de detección automatizada implantada por la Dirección General de Vivienda. Este sistema funciona mediante el cruce masivo de los datos del catastro con los consumos reales de agua y electricidad de los hogares. Para que el algoritmo identifique una posible vivienda deshabitada, debe constar un cero absoluto de consumo en ambos servicios simultáneamente, ya que no basta con que falte el registro en uno solo de los recursos.
Por el momento, este rastreador informático ha identificado un total de 2.150 viviendas sospechosas de estar desiertas en Navarra. No obstante, la realidad de la inspección ha obligado al Departamento a reducir drásticamente el foco a un reducto de apenas 216 inmuebles donde el consumo eléctrico y de agua es completamente inexistente, ya que en el resto de los miles de casos detectados sí que figura gasto de alguno de los dos suministros. De este grupo prioritario, 114 pertenecen a empresas y 102 a particulares, un ámbito este último donde el Gobierno carece de competencias directas al estar delegadas en las entidades locales.
A pesar de las ambiciones de la vicepresidenta Alfaro por agilizar los expedientes de penalización y movilización residencial, sus propios socios de legislatura han recibido el balance con un profundo escepticismo. El parlamentario de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha mostrado el malestar de su formación asegurando que los primeros resultados del nuevo sistema digital son "preocupantes" por lo exiguo de sus cifras.
Desde la formación abertzale se ha advertido de que esas 2.150 posibles viviendas vacías apenas representan el 0,65% del parque residencial total de Navarra, una cuantía que estiman muy lejos de todas las referencias previas del territorio y de los cálculos que manejan el resto de comunidades autónomas. Por ello, la izquierda abertzale ha cuestionado la fiabilidad del diagnóstico gubernamental y ha exigido plazos concretos para disponer de una tecnología que ofrezca un reflejo real de la problemática.
Hasta la fecha, el Registro de Viviendas Deshabitadas de Navarra mantiene un acumulado de 1.043 inmuebles declarados en esta situación (631 de personas físicas y 412 de personas jurídicas). Aunque el Departamento saca pecho por haber alcanzado más de 1.800 declaraciones desde el inicio del registro oficial, la gestión del Ejecutivo foral evidencia la lentitud del proceso para dar una solución real a los ciudadanos, habiendo logrado movilizar únicamente 800 de estas viviendas hacia el mercado de arrendamiento.
Un problema técnico con los micrófonos ha obligado a suspender durante 10 minutos la sesión del Parlamento de Navarra. La interrupción se ha producido después de que los técnicos hayan tratado de solucionar de urgencia la incidencia, que ha impedido continuar con normalidad el desarrollo del pleno.
Tras solucionarse el problema, el presidente Unai Hualde ha bromeado: "Los problemas técnicos se han solucionado, aunque no tienen explicación, así que les emplazo a que se investigue en una comisión de investigación".
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el portavoz de UPN, Javier Esparza, han protagonizado un nuevo cruce de reproches por los retrasos en la llegada del tren de alta velocidad a Navarra. Chivite ha defendido que el Ministerio ha invertido 460 millones de euros en infraestructuras ferroviarias entre 2019 y 2026, “siete veces más” que en etapas anteriores, y ha acusado a UPN de “afear los avances innegables” en esta materia. Esparza, por su parte, ha reprochado que el Gobierno foral se comprometiera a que los navarros viajarían en alta velocidad antes de terminar la legislatura y ha calificado ese compromiso como “una promesa incumplida”. El portavoz regionalista ha asegurado que Navarra “pierde oportunidades y competitividad” por unos retrasos que, según ha advertido, ya no son “de semanas o meses, sino de años”. Chivite ha respondido recordando compromisos anteriores de UPN, como el anuncio de Miguel Sanz de que el TAV llegaría a Pamplona en 2012, y ha defendido que el proyecto ha marcado “hitos históricos” en los últimos años. Lo que no dice Óscar Chivite es que fue el PSOE de Zapatero y José Blanco quienes rompieron el trato de Navarra con el Estado para llegada del TAV y otras muchas infraestructuras.
La presidenta Chivite ha anunciado que tiene intención de defender en la ponencia sobre la reforma de la Lorafna del Parlamento de Navarra la modificación del artículo 9 para hacer constar que el euskera sea considerado "una lengua propia de Navarra". En su opinión, "sería oportuno" porque desde su punto de vista, la intervención pública en materia de euskera ha conseguido superar la etapa en la que "el euskera tenía connotaciones políticas". "Si queremos que el euskera sea tomado como una lengua propia y no un instrumento político, es este enfoque desde la no politización y no imposición el medio para que el euskera cuente con más implantación y más aceptación"
EH Bildu ha preguntado al Gobierno de Navarra por la financiación de las piscinas, una cuestión ante la que el Ejecutivo foral ha respondido recordando las exigencias que deben cumplir estas instalaciones en materia de condiciones higiénico-sanitarias. La respuesta del Gobierno ha puesto el foco en la obligación de garantizar que las piscinas reúnan los requisitos necesarios para preservar la seguridad y la salud de las personas usuarias, mientras que Bildu preguntaba por el hecho de que los pueblos no tienen capacidad financiera para afrontar las reformas necesarias para encajar en el decreto del gobierno.
El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que no es posible implantar "más moratorias" a la aplicación del decreto foral por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de Navarra "porque la norma lo impide, y han pasado varios años desde que está aprobada".
En respuesta a una pregunta oral sobre las exigencias en materia de condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de Navarra, formulada por EH Bildu en el pleno de este jueves, Domínguez ha afirmado que "en ningún caso" se cerrarán piscinas "si las deficiencias observadas no ponen en riesgo la salud de las personas", sino que serán sancionadas.
Domínguez ha explicado que el decreto foral 86/2018 "ya no admite más moratorias para su cumplimiento". "Desde el año 2018 se han hecho dos modificaciones, en el año 2022 y en el año 2025, para la progresiva adaptación de las piscinas a este decreto foral. Y en este año, como todas partes ya sabíamos, ya ha finalizado el plazo otorgado por las disposiciones transitorias y se han agotado todas las prórrogas y moratorias posibles para que se cumpla", ha apuntado.
De esta forma, "según lo que establece la norma, a día de hoy las instalaciones deben estar adecuadas a lo dispuesto en el decreto foral". Además, "todas las piscinas, tanto públicas como privadas, que han solicitado moratorias las han obtenido porque se ha estimado que los incumplimientos no han comprometido ni comprometen de forma importante la salud o la seguridad de las personas".
"Comprendo y comparto su preocupación por las pequeñas localidades, porque la principal dificultad está viniendo precisamente en algunas piscinas de titularidad municipal que incluso habiendo redactado el proyecto de obra, no disponen de financiación para la ejecución de la misma ni posibilidad de hacerlo. Pero yo soy el consejero de Salud y yo no puedo darles el dinero ni más moratorias porque la norma me lo impide y han pasado varios años desde que está aprobada", ha trasladado a la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal.
Según Domínguez, "la existencia de este decreto foral que hay que cumplir no es un capricho del Departamento", ni busca "complicar la vida a nadie" y que "se adecúa a la norma que hay que cumplir" a nivel estatal.
"En ningún caso se cerrarán piscinas si las deficiencias observadas no ponen en riesgo la salud de las personas. Se sancionará, y en los casos en que se realizan trabajos de remodelación pendientes documentados por motivos ajenos al titular de la piscina, se podrán tener en cuenta la tipificación de la infracción por parte de la Secretaría General Técnica", ha apuntado.
En este momento, ha continuado, "estamos recogiendo las declaraciones responsables de esta temporada", que han presentado 181 titulares. Según ha subrayado, desde Salud "hemos agotado todas las posibilidades para ampliar el plazo para que se cumpla el decreto", que "no es un capricho", y "porque entendemos las dificultades hemos facilitado al máximo el procedimiento".
"De hecho, vengo ahora de reunirme con unos alcaldes que lo han entendido perfectamente", ha añadido, tras incidir en que "estamos en vías de solución al problema, pero en este momento ya no tenemos más herramientas jurídicas".
En nombre de EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que "entendemos y comprendemos la importancia que tienen los requisitos y las normas en materia de higiene, de sanidad, de seguridad" porque "son totalmente necesarias", pero, "como siempre, para poder dar cumplimiento a las normas, hay que establecer y garantizar herramientas de financiación".
"Pensamos que en este caso hay que realizar un importantísimo esfuerzo para que la situación se reconduzca y evitar problemas como los que estamos viendo", ha remarcado. A su juicio, "lo que subyace aquí" es "un problema de acometer inversiones y de la incapacidad de muchos municipios para afrontar estas inversiones", y el Gobierno de Navarra "tiene una responsabilidad directa".
Un pleno de control al Gobierno es una sesión del Parlamento de Navarra en la que los 50 parlamentarios fiscalizan la labor del Ejecutivo foral. En estas sesiones, los grupos políticos formulan preguntas, interpelaciones y debaten mociones para pedir explicaciones directas sobre la gestión pública.
El pleno de control se caracteriza por varios mecanismos, dinámicas y funciones clave:
El Parlamento de Navarra celebrará este jueves 18 de junio un pleno marcado por varias preguntas al Gobierno foral sobre asuntos de actualidad política, sanitaria, territorial y social. La sesión abordará cuestiones como las piscinas de Navarra, el tren de altas prestaciones, la situación de la Atención Primaria, el Canal de Navarra o las reuniones de María Chivite con Leire Díez.
El pleno del Parlamento de Navarra incluirá preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y a varios consejeros del Ejecutivo. Los grupos parlamentarios pondrán sobre la mesa asuntos de impacto directo para la ciudadanía, desde la seguridad en las piscinas hasta la pérdida de especialistas en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Entre las preguntas de máxima actualidad, EH Bildu pedirá explicaciones sobre las exigencias en materia de condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de Navarra. La cuestión llegará en plena temporada de uso de estas instalaciones y buscará conocer cómo se van a garantizar las condiciones necesarias en los espacios públicos y privados.
El Partido Socialista de Navarra preguntará por el papel del euskera en la LORAFNA, mientras que Geroa Bai centrará una de sus intervenciones en los objetivos de la Ley de Industria y Fomento Empresarial. Por su parte, Contigo Navarra llevará al pleno la dotación necesaria de personal en el parque de bomberos y bomberas.
Uno de los asuntos con mayor carga política será la pregunta de UPN sobre el compromiso de que “los navarros se subirán al tren de altas prestaciones antes de que acabe esta legislatura”. La formación regionalista pedirá aclaraciones sobre los plazos de esta infraestructura, una de las cuestiones recurrentes en el debate político de Navarra.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, responderá también a preguntas específicas de los grupos. El PSN preguntará sobre el procedimiento para regular la expedición documental administrativa para personas trans, mientras que el Grupo Mixto abordará la situación de los campamentos de Abaigar y Goñi.
Otro de los puntos destacados será la pregunta del Partido Popular de Navarra sobre las reuniones mantenidas por María Chivite con Leire Díez acerca de empresas, proyectos o adjudicaciones vinculadas a Navarra. La cuestión llevará al Parlamento de Navarra un asunto que ha adquirido relevancia política en las últimas semanas.
También se abordará la conectividad aérea de Pamplona. UPN preguntará por la segunda licitación para mejorar las conexiones del aeropuerto de Pamplona, una cuestión vinculada a la movilidad, la actividad económica y la capacidad de la Comunidad foral para reforzar sus enlaces con otros destinos.
En materia de vivienda y migración, EH Bildu preguntará por los resultados de la nueva herramienta digital para detectar posibles viviendas deshabitadas. Además, Geroa Bai planteará una pregunta sobre la gestión de la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
La sanidad ocupará otro bloque relevante del pleno. EH Bildu preguntará por la pérdida de especialistas de medicina en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, mientras que UPN pedirá explicaciones sobre la dimisión de la gerente de Atención Primaria.
El PSN llevará además una pregunta sobre la climatización de los hospitales. Esta cuestión llegará en un momento en el que las temperaturas y las condiciones de confort en los centros sanitarios vuelven a estar en el foco, especialmente para pacientes, profesionales y acompañantes.
El consejero de Cohesión Territorial deberá responder a una pregunta de UPN sobre la previsión de la firma del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Estado para la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. Se trata de una infraestructura clave para el regadío y el desarrollo territorial de la Comunidad foral.
En el área de industria y transición ecológica, Geroa Bai preguntará por los pasos dados en favor de las energías renovables y por las palabras de la presidenta de la Comisión Europea en relación con la energía nuclear. Por su parte, Contigo Navarra planteará una cuestión sobre un posible condicionado a las medidas de apoyo previstas al sector aeroespacial.
El Parlamento de Navarra también abordará una pregunta de UPN sobre la convocatoria de becas y ayudas al estudio con la gestión de competencia transferida. En el ámbito cultural y deportivo, el PSN preguntará por el desarrollo de las campañas escolares del presente curso.
La sesión incluirá además un punto sobre la comisión de investigación relativa a las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este durante las cuatro últimas legislaturas. La iniciativa figura a propuesta de Contigo Navarra, PSN, EH Bildu y Geroa Bai.
El orden del día recogerá igualmente el plazo para la presentación de candidaturas para designar a tres miembros de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, conocida como CPEN, que corresponde presentar al Parlamento. El plazo permanecerá abierto hasta las 15:00 horas.
