Una enmienda presentada por Bildu que recoge la posibilidad de que los condenados por terrorismo puedan hacer voluntariado en Navarra va a recibir el apoyo de los partidos del bloque de gobierno de Chivite, incluido el PSN, volviendo a vejar a las víctimas del terrorismo y a su memoria.
La ley llegaba a la cámara con un amplísimo consenso entre agentes sociales y partidos políticos, pero la exigencia de Bildu para que se apruebe su enmieda, ha roto ese acuerdo.
Los grupos de la oposición en el Parlamento de Navarra han cargado este jueves contra la reforma de la ley de transparencia aprobada por la Cámara foral y han denunciado que, lejos de suponer un avance, introduce recortes y sirve de “coartada” a un Gobierno al que han vuelto a acusar de actuar con opacidad.
La modificación legal, impulsada por el Gobierno de Navarra, ha salido adelante con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra. La reforma actualiza una norma de 2018 para atribuir a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) la competencia sobre el registro de lobbies y para reforzar el papel del Consejo de Transparencia de Navarra como garante técnico del derecho de acceso a la información pública.
Sin embargo, el debate parlamentario ha estado marcado por las críticas de los partidos que se han opuesto al texto. La parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, ha sostenido que se intenta “vender” esta modificación como “un aumento o un ensanchamiento de la transparencia, cuando se está haciendo lo contrario”. A su juicio, el Ejecutivo foral sigue sin cumplir aspectos esenciales de la ley vigente y ha afirmado que el Gobierno de Navarra es “opaco, turbio y oscuro”.
Álvarez ha censurado además que, más de siete años después de la aprobación de la norma, el Ejecutivo siga sin publicar información que considera básica en materia de publicidad activa. Entre otros ejemplos, ha citado las listas de espera para acceder a servicios de la cartera de servicios sociales, a una VPO o a un centro educativo, así como el listado de beneficiarios de fondos europeos a través de ayudas y contratos.
En la misma línea, la parlamentaria del PPN, Maribel García Malo, ha afirmado que “el Gobierno predica transparencia y mientras tanto practica la opacidad” y ha advertido de que esta reforma no cuenta con la credibilidad suficiente para presentarse como un avance real. A su entender, la revisión de la ley podría haber tenido sentido tras años de vigencia, pero no con un Ejecutivo que, según ha dicho, “proclama una cosa y practica la contraria”.
Más duro se ha mostrado el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, que ha rechazado de plano la reforma al considerar que “esto no es una reforma para dar más luz”. En su intervención, ha asegurado que se trata del “colmo del cinismo” de un Gobierno que, según ha dicho, pretende dar lecciones de buena gobernanza pese a ser, a su juicio, “el menos transparente de la historia de Navarra”.
Frente a esas críticas, los grupos que han respaldado la ley han defendido que la reforma introduce mecanismos para mejorar el control y reforzar las garantías institucionales. Uno de los cambios principales es que la OANA asumirá la dirección del registro de lobbies o grupos de interés y colaborará en el desarrollo reglamentario de su funcionamiento, de su código de conducta y de la gestión del propio registro. Estas previsiones afectarán al Gobierno de Navarra y a la Presidencia de la Comunidad foral, aunque no al Parlamento, que deberá regular esta cuestión en su propio reglamento por su autonomía organizativa.
El texto también refuerza el papel del Consejo de Transparencia. Entre otras novedades, aclara el alcance de las obligaciones de publicidad activa que afectan a resoluciones de compatibilidad, agendas de altos cargos y listas de espera para acceder a servicios públicos.
En el caso de las agendas de los altos cargos y del personal directivo, la publicación deberá incluir el objeto de las reuniones o sesiones celebradas, las personas asistentes, las organizaciones o entidades a las que representan y los asuntos tratados.
Además, cualquier persona física o jurídica podrá presentar una denuncia ante el Consejo de Transparencia, con derecho a recibir en un plazo de dos meses una respuesta motivada, que será publicada en su página web previa disociación de los datos personales. Los actos dictados por este órgano serán ejecutivos, por lo que obligarán a las entidades y administraciones a las que vayan dirigidos.
Otra de las nuevas funciones del Consejo será velar por que la Administración foral y las entidades locales faciliten información a parlamentarios y cargos electos para el ejercicio de sus funciones. También se modifica su composición: junto a las personas designadas por el departamento competente, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, la UPNA y el Defensor del Pueblo, habrá tres representantes propuestos por la Federación Navarra de Municipios y Concejos y solo una persona a propuesta del Parlamento, que hasta ahora podía nombrar a cuatro.
La norma mantiene que la condición de miembro del Consejo de Transparencia no exigirá dedicación exclusiva, será compatible con el puesto de trabajo en la Administración correspondiente y será retribuida mediante dietas por la participación como ponentes en dictámenes. Para la presidencia y la secretaría se contempla además la posibilidad de fijar una dieta anual.
El nuevo Consejo deberá constituirse en el plazo de un año desde la aprobación de la ley. Hasta entonces, el actual presidente, Juan Luis Beltrán, continuará en funciones con el mandato prorrogado hasta que se concrete el relevo.
La parlamentaria de UPN, Marta Álvarez le dado todo un repaso al bloque de gobierno en Navarra tras presentar una modificación de la Ley de Transparencia. La reforma busca suprimir de la ley, según el grupo regionalista, todo aquello que a María Chivite y sus consejeros les viene mal.
Álvarez ha citado más de una docena de actitudes del gobierno de Chivite que van claramente contra la ley de Transparencia, entre ellas, las más de una decena de ocasiones en la que los tribunales han dado la razón a UPN en esta legislatura después de que le fuera denegadas sendas solicitudes de información.
Las costas de todos esos procesos judiciales han corrido a cargo del bolsillo de todos los ciudadanos y no de quien incumple sistemáticamente su propia ley de Transparencia.
De aprobarse la modificación de la Ley de Transparencia, el registro de los lobbies dejará de depender del Gobierno y pasará a estar gestionado por un organismo más independiente, que es la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
Ese Registro de Grupos de Interés es, en la práctica, una lista oficial en la que deben figurar las personas, empresas, asociaciones o entidades que intentan influir en decisiones públicas, reuniones o normas de la Administración.
Con este cambio, lo que se busca es que haya más control y más neutralidad sobre quién intenta influir, con quién se reúne y bajo qué reglas actúa. Es decir, que la vigilancia de los lobbies no quede en manos del propio Ejecutivo, sino de un órgano externo a él.
Dicho de forma muy sencilla: Navarra quiere que el control de los lobbies lo lleve un órgano anticorrupción y no el propio Gobierno.
El segundo punto del orden del día aborda la reforma de la Ley Foral de Transparencia de Navarra. Según el PSN, busca reforzar el control público, la integridad y la independencia de los órganos encargados de velar por la transparencia. El texto incorpora a la Oficina Anticorrupción en el ámbito de la norma y le atribuye la gestión del Registro de Grupos de Interés.
Además, fortalece el papel del Consejo de Transparencia de Navarra, cambia su composición para hacerla más técnica e independiente y establece que sus resoluciones serán de obligado cumplimiento. También aclara cómo debe facilitarse el acceso a la información pública, especialmente cuando haya datos personales, y actualiza las obligaciones de publicidad activa de las administraciones.
Entre las novedades, cualquier persona podrá denunciar incumplimientos de transparencia ante el Consejo, y el Gobierno de Navarra deberá ayudar a las entidades locales a cumplir estas obligaciones.
Tras la aprobación del primer punto del orden del día, y mientras el presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha tenido un lapsus liguae. Su intención era interpelar a sus señorías, pero de su boca ha salido un "señoritos" que retumbado en el hemiciclo.
La carcajada ha sido sonora casi al mismo tiempo que Hualde trataba de sacar la pata con ingenio al utiulizar el lenguaje de género, para decir: "señoritos y señoritas",mientras el mismo se reía de su propio error.
El parlamentario Kevin Lucero defiende la modificación de la ley. En su opinión, esta modificación "es socialismo puro". Según el PSN, la reforma busca actualizar el sistema navarro de I+D+i (SINAI), hacerlo más flexible y adaptado a la realidad actual. Amplía el papel de los agentes del sistema, refuerza la colaboración público-privada, impulsa la igualdad entre mujeres y hombres, incorpora medidas de inclusión LGTBI+, apuesta por atraer y retener talento y da más peso a la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y las empresas.
Además, fija nuevos objetivos de inversión para 2030: que Navarra alcance un 3 % del PIB en I+D+i, con un 1 % de aportación pública y un 8 % del Presupuesto General de Navarra destinado a este ámbito.
El parlamentario de UPN Ángel Ansa ha afirmado que el Gobierno de Navarra "ha desaprovechado una magnífica oportunidad para actualizar una ley que era buena hace ocho años, pero que hoy se queda corta, es decepcionante y poco ambiciosa". En ese sentido, ha lamentado que no han sido aprobadas las enmiendas de UPN para aumentar la inversión en I+D+i por encima del 3% del PIB, una cifra que ya han superado países europeos líderes en esta materia.
El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha afirmado que "Navarra ya tenía una buena ley" que "marcó un camino y ordenó un sistema que es una de nuestras fortalezas, y lo que hacemos ahora es actualizarla para que no se quede atrás, para consolidar lo logrado y dotar al sistema de instrumentos para seguir actualizándose continuamente".
La parlamentaria de EH Bildu Oihana Gallo ha destacado que "esta reforma legal ha tenido como finalidad la consolidación de los logros conquistados y al mismo tiempo dotar al sistema de las herramientas necesarias para una permanente puesta al día". "Esta actualización nos ha permitido, por una parte, fortalecer el ecosistema de la innovación y, por otra, garantizar la igualdad de género, es decir, fortalecer el ecosistema innovador de Navarra", ha explicado.
El parlamentario de Geroa Bai Javi Ollo ha señalado que la ley aprobada en 2018 fue "innovadora, fruto de una apuesta política que en ese momento hizo el Gobierno de Navarra", pero ha señalado que "ahora hacía falta una actualización de la ley". "Consideramos que esta modificación que nos presentó el Gobierno era importante y necesaria y después ha sido mejorada a través de las enmiendas, no diré con consenso, pero sí con un alto grado de apoyo", ha valorado.
Por parte del PPN, Irene Royo ha explicado que su grupo apoya esta ley "porque creemos firmemente en el mensaje que supone" y ha indicado que "Navarra solo avanzará si apuesta decididamente por la ciencia y la innovación". No obstante, ha señalado que "hemos tenido la oportunidad de mejorar el porcentaje de inversión con las enmiendas que se presentaron por parte de UPN y finalmente no se incorporaron".
El parlamentario de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha comentado que este texto "mejora mucho la ley de 2018 en lo que se refiere a igualdad de género, a creación y retención de talento, y a compromiso". "Si algo pretende esta ley es intentar dignificar la carrera científica con medidas concretas para la atracción y fidelización del talento", ha asegurado.
El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que este proyecto de ley "no es una actualización técnica, es otra imposición ideológica del Gobierno socialista que prioriza cuotas, burocracia y despilfarro sobre el talento real, el mérito y la libertad".
El comienzo de la sesión está fijado para las 9:30 de la mañana. Los parlamentarios acceden a la cámara y se forman los típicos corrillos en el atrio del Parlamento.
Está previsto que os responsables de ELA y LAB en Navarra, Imanol Pascual e Imanol Karrera, respectivamente, realicen declaraciones en el exterior del Parlamento al término de la votación de la proposición de ley para un SMI propio en la Comunidad foral.
Dicha proposición se debatirá en el quinto punto del orden del día.
