El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha hecho una férrea defensa de su recién nombrado director general de Salud, Jon Guajardo tras la petición de UPN para explicar qué medidas tomó tras conocer el pasado judicial de Jon Guajardo, actual gerente del Servicio Navarro de Salud (SNS-O), un caso destapado por Navarra.com.
Domínguez ha optado por cerrar filas con su fichaje y ha defendido que se trata de un asunto “juzgado y zanjado” hace 20 años y sobre el que “nosotros no tenemos nada que opinar” porque corresponde a “otra administración”. Con ese planteamiento, ha evitado entrar en la pregunta central de la comparecencia: si actuó con la diligencia debida cuando recibió las advertencias y la documentación.
La parlamentaria de UPN, Leticia San Martín, le ha preguntado si ordenó verificar lo que afirmaba el médico de Osakidetza, si habló con Guajardo o con alguien más y si está dispuesto a replantearse su continuidad. San Martín ha insistido en la relevancia del cargo, al recordar que el gerente del SNS-O maneja un presupuesto de enorme volumen y dirige a unos 11.000 profesionales.
Domínguez ha respondido con una defensa de autoridad. Ha señalado que él es “el responsable de hacer el equipo” y que, en el ejercicio de su libertad como consejero, se rodea de las personas que considera más adecuadas. También ha subrayado la experiencia de Guajardo, con “más de 30 años” en la gestión sanitaria, y ha repetido que “no ha sido procesado personalmente”.
Ese argumento ha marcado el tono de su intervención. UPN no le ha preguntado si Guajardo fue “procesado”, sino qué hizo Salud al tener conocimiento de sentencias y hechos documentados que, según lo publicado por Navarra.com, afectaban a la valoración política del nombramiento.
El consejero ha admitido un dato clave: ha dicho que “no conocía las sentencias previamente”, pero que después “las ha leído” y ha preguntado a profesionales de Osakidetza y al propio Guajardo, “en quien deposito mi confianza”. Aun así, ha considerado que el caso es “más de índole personal que profesional”, pese a que la comparecencia se ha sustentado precisamente en resoluciones judiciales.
Cuando San Martín le ha repreguntado si actuó con la debida diligencia, si contrastó la información y por qué no le parecieron relevantes las acusaciones del médico, Domínguez no ha contestado al núcleo. Se ha limitado a insistir en que Guajardo “simplemente perdió unos pleitos” y que “él nunca ha sido condenado”.
En su intervención, Domínguez ha relatado que el 28 de noviembre recibió un correo de un médico jubilado de Osakidetza que hablaba de “la mochila de Jon Guajardo”. Tras responder que contrastaría la información, ha explicado que recibió nuevos emails en los que se le pedía un plazo para el cese y se fijaba el 10 de diciembre como fecha límite, con la advertencia de trasladar el asunto a los grupos parlamentarios.
El consejero ha asegurado que el tono de esos mensajes le pareció “inadecuado” e “inaceptable” y ha añadido que puso el cruce de correos en conocimiento de la Policía Foral. Con ese giro, la comparecencia ha derivado hacia el enfoque de la presión personal, mientras quedaba en segundo plano la cuestión política: qué verificó y qué medidas adoptó ante un aviso respaldado por documentación.
El PSN, socio del Gobierno, ha respaldado la posición del consejero. Maite Esporrín ha defendido que son “cuestiones pasadas”, “juzgadas y sentenciadas”, y que no corresponde hacer “juicio de valor”. Ha subrayado el derecho del consejero a elegir su equipo y ha dicho que se valorará la gestión al final de la legislatura.
EH Bildu, por medio de Txomin González, ha señalado que cuando recibieron la información les preocupó e indagaron, pero ha concluido que, si Osakidetza no cuestionó a Guajardo y lo mantuvo, ellos tampoco lo harán. Ha destacado que el currículum es “excelente” y ha pospuesto el juicio a los resultados de gestión.
Geroa Bai, con Isabel Aranburu, ha afirmado que el consejero “ha hecho lo que ha creído conveniente” y ha criticado la comparecencia. Ha pedido “prudencia” y “discreción” y ha opinado que lo mínimo habría sido escuchar “otra versión”, apuntando a que UPN debería haber pedido la comparecencia del propio Guajardo.
El PPN, a través de Irene Royo, ha señalado que “el pasado cuenta” cuando se ocupan cargos públicos, aunque ha pedido “bajar al detalle” y ha considerado que el tiempo transcurrido reduce su impacto. Contigo-Zurekin, con Daniel López, ha criticado que se dé “carta de naturaleza” a lo que dice un particular sobre un hecho judicializado hace 20 años y ha insistido en que, si Osakidetza no actuó, no ve motivo para hacerlo en Navarra.
Tras la sesión, la idea que ha dejado Domínguez es que mantendrá a Guajardo y que el caso queda fuera del debate sanitario por haber ocurrido en “otra administración” y “hace 20 años”. La pregunta que UPN ha intentado fijar —y que ha quedado sin respuesta clara— es otra: si el consejero verificó con rigor lo publicado por Navarra.com y si aplicó la diligencia exigible antes de cerrar filas con el máximo responsable del SNS-O.
