La directora de la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eguinoa, ha avanzado este miércoles que han aparecido dos denuncias anónimas en dos de los expedientes revisados a petición del Gobierno foral sobre contratos públicos adjudicados a empresas citadas en el informe de la UCO.
Eguinoa ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas en el Parlamento de Navarra y ha explicado que, a raíz del análisis realizado por la oficina, dos personas han formalizado denuncias “anónimas” que ahora deberán estudiarse.
La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, solicitó informes a la OANA tras conocerse el contenido del informe de la UCO. En esos trabajos, la Oficina concluyó, entre otros aspectos, que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate era “nula de pleno derecho”.
Uno de los puntos más críticos de la comparecencia ha llegado al hablar de las alegaciones del Ejecutivo. Según Eguinoa, el Gobierno de Navarra presentó alegaciones cuando se conoció el contenido de los informes, algo que “no correspondía” porque no se trataba de un proceso de denuncia, sino de una auditoría de cumplimiento normativo.
La directora ha diferenciado el procedimiento que se sigue cuando existe una denuncia formal —con plazos de admisión e investigación y un periodo previo de alegaciones antes de una resolución— del encargo que recibió su oficina. Ha defendido que, en este caso, al no haber denuncias previas, no existía el marco que permitiría presentar alegaciones.
Eguinoa también se ha ratificado en lo reflejado en los informes y ha asegurado que sirvieron para “que no se siguiera con un procedimiento que era contrario a la ley”. Sobre la mesa de contratación de Belate, ha señalado que los miembros pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial y que “ha fallado la deliberación”, insistiendo en que deliberar es clave “no solo votar”.
En el apartado más político y personal del relato, Eguinoa ha calificado como “represalia de manual” el traslado del secretario de la mesa, Lorenzo Serena, a una nave de Landaben, y ha subrayado que ese tipo de actuaciones está contemplado en la ley. Ha considerado “inadmisible” una represalia contra quien denuncia y ha destacado la rápida actuación del consejero Óscar Chivite, que corrigió la decisión en dos días.
El cruce de preguntas en la comisión ha evidenciado la tensión. El parlamentario socialista Javier Lecumberri ha cuestionado de forma insistente cuál habría sido la represalia si no hubo pérdida de sueldo ni cambios de movilidad geográfica o funcional. Eguinoa ha insistido en que la represalia fue el traslado a Landaben y ha defendido que el objetivo era “humillarle”.
