La directora de la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eguinoa, ha avanzado este miércoles que han aparecido dos denuncias anónimas en dos de los expedientes revisados a petición del Gobierno foral sobre contratos públicos adjudicados a empresas citadas en el informe de la UCO.
Eguinoa ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas en el Parlamento de Navarra y ha explicado que, a raíz del análisis realizado por la oficina, dos personas han formalizado denuncias “anónimas” que ahora deberán estudiarse.
La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, solicitó informes a la OANA tras conocerse el contenido del informe de la UCO. En esos trabajos, la Oficina concluyó, entre otros aspectos, que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate era “nula de pleno derecho”.
Uno de los puntos más críticos de la comparecencia ha llegado al hablar de las alegaciones del Ejecutivo. Según Eguinoa, el Gobierno de Navarra presentó alegaciones cuando se conoció el contenido de los informes, algo que “no correspondía” porque no se trataba de un proceso de denuncia, sino de una auditoría de cumplimiento normativo.
La directora ha diferenciado el procedimiento que se sigue cuando existe una denuncia formal —con plazos de admisión e investigación y un periodo previo de alegaciones antes de una resolución— del encargo que recibió su oficina. Ha defendido que, en este caso, al no haber denuncias previas, no existía el marco que permitiría presentar alegaciones.
Eguinoa también se ha ratificado en lo reflejado en los informes y ha asegurado que sirvieron para “que no se siguiera con un procedimiento que era contrario a la ley”. Sobre la mesa de contratación de Belate, ha señalado que los miembros pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial y que “ha fallado la deliberación”, insistiendo en que deliberar es clave “no solo votar”.
En el apartado más político y personal del relato, Eguinoa ha calificado como “represalia de manual” el traslado del secretario de la mesa, Lorenzo Serena, a una nave de Landaben, y ha subrayado que ese tipo de actuaciones está contemplado en la ley. Ha considerado “inadmisible” una represalia contra quien denuncia y ha destacado la rápida actuación del consejero Óscar Chivite, que corrigió la decisión en dos días.
El cruce de preguntas en la comisión ha evidenciado la tensión. El parlamentario socialista Javier Lecumberri ha cuestionado de forma insistente cuál habría sido la represalia si no hubo pérdida de sueldo ni cambios de movilidad geográfica o funcional. Eguinoa ha insistido en que la represalia fue el traslado a Landaben y ha defendido que el objetivo era “humillarle”.
Edurne Eginoa ha defendido que el sistema de votación de la mesa de contratación de Belate permitía que un miembro técnico votara conociendo antes las puntuaciones del resto. Según ha explicado, ese mecanismo “rompe la imparcialidad”, más allá de si el presidente votó en último lugar o no.
Durante la comparecencia, el parlamentario del PSN, Javier Lecumberri, ha señalado que el presidente de la mesa aseguró que no votó el último, sino en tercer lugar. Eginoa ha evitado centrarse en el orden exacto y ha puesto el foco en que el sistema permitía que un técnico recibiera las puntuaciones de otros antes de emitir su valoración.
La directora de la OANA ha insistido en que “no tiene ninguna lógica” que, si el presidente es uno de los técnicos que va a votar, el resto le envíe su puntuación al presidente, que también debe puntuar. A su juicio, ese procedimiento abre la puerta a condicionar la evaluación.
El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha mantenido que no ha quedado acreditado que el orden de votación influyera en el resultado. Eginoa le ha respondido que “tampoco ha quedado acreditado que no sucediera”, y ha remarcado que Jesús Polo “tampoco acreditó” su posición en la votación.
En ese intercambio, Araiz ha afirmado que permanece la duda porque la persona acusada de votar en último lugar manifestó que no fue el último y “nadie ha conseguido” demostrar lo contrario. Eginoa ha replicado que quien lo niega debía aportar la prueba y que “tuvo casi dos años para aportar la prueba”.
Eginoa también ha indicado que en dos procedimientos recogidos en los informes de la OANA sobre Nasuvinsa existe una denuncia anónima que pide iniciar una investigación y “expresamente pide resolución”. “Todavía no hemos iniciado nada”, ha expuesto.
Preguntada por el PSN sobre si su trabajo ha detectado irregularidades o posibles “mordidas”, ha respondido que irregularidades sí, “varias” en vía administrativa, pero “mordidas no”. En la misma línea, el portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, le ha preguntado por indicios de corrupción y Eginoa ha dicho que “no, como tal, no”.
La responsable de la OANA ha añadido que, si hubiera indicios de delito, el expediente debería remitirse a la Fiscalía. Sin embargo, ha asegurado que, en lo que está a su alcance, no ven un indicio claro de delito.
Otro asunto tratado ha sido la obra del antiguo Archivo de Navarra, iniciada cuando Eginoa era directora general de Presidencia y Gobierno Abierto. Esa actuación se adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar, y Eginoa se inhibió en el informe de la OANA por haber estado vinculada al inicio del procedimiento.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin le ha preguntado por qué denegó la petición de la UTE de ampliar plazos. Eginoa ha explicado que la obra tenía condicionantes, como la seguridad de edificios, la secuoya y paradas puntuales por ruedas de prensa debido al ruido, pero ha señalado que se rechazó porque no veían personal suficiente en la obra y el ritmo era lento.
Sánchez de Muniáin ha subrayado que Eginoa no autorizó la prórroga y, sin embargo, meses después, tras el cambio de Gobierno de Navarra por las elecciones forales, sí se autorizó. Eginoa ha dicho que lo desconoce y ha evitado opinar porque ya no ocupaba el cargo.
