Tormenta política y económica en Navarra a cuenta de la vivienda. La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) ha alzado la voz de forma contundente contra la última reforma legislativa impulsada por el PSN de María Chivite, EH Bildu y Contigo-Zurekin. Esta polémica modificación, que busca establecer la calificación permanente (el "blindaje") de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de alquiler, va a tener, según el sector, el efecto exactamente contrario al deseado: provocará la desaparición de la inversión privada y frenará en seco la promoción de nueva vivienda protegida en la Comunidad foral.
Desde la patronal de la construcción advierten de que la medida "quiebra la seguridad jurídica" del territorio y lanza un mensaje nefasto a los inversores, trasladando la percepción de que Navarra carece de la estabilidad necesaria para proyectos a largo plazo. Según los promotores, prolongar la protección a perpetuidad no garantiza un parque estable si, a cambio, se destruye la capacidad de construir nuevos edificios.
Uno de los argumentos más contundentes del sector desmonta el relato oficial del Gobierno de Chivite y sus socios, quienes justifican la ley como un muro de contención frente a los fondos de inversión internacionales. Los datos reales de la ACP reflejan una realidad muy distinta: la reforma golpeará de lleno al tejido empresarial local y familiar de Navarra.
Las cifras recopiladas por la asociación son clarificadoras sobre quién sostiene realmente el parque de alquiler protegido en la región:
De esta forma, el sector lamenta que la ley castigue a las empresas de la tierra que llevan décadas colaborando con la Administración. De hecho, más de dos tercios del parque de VPO en alquiler en Navarra ha sido promovido históricamente por la iniciativa privada o mediante fórmulas de colaboración público-privada, algo que el Ejecutivo foral difícilmente habría podido asumir en solitario.
Los constructores califican de "grave irresponsabilidad" que el tripartito de Gobierno haya alterado las reglas del juego de forma unilateral y con carácter retroactivo, modificando la normativa bajo la cual se levantaron estos edificios. Esta maniobra compromete seriamente la viabilidad de las empresas locales y fulmina la confianza necesaria para volver a arriesgar dinero en VPO de alquiler a futuro.
Asimismo, la patronal desmiente que el fin de las calificaciones de protección previas haya generado desahucios o problemas sociales en la Comunidad. Según defienden, los promotores navarros siempre han pactado soluciones habitacionales con los inquilinos al finalizar los periodos de protección, sin que se hayan registrado situaciones de desprotección o conflictos en las calles.
Finalmente, el sector critica con dureza que una reforma de semejante calado e impacto económico se haya tramitado ocultando el debate a los propios profesionales afectados y sin un proceso de diálogo previo con los agentes que levantan los hogares de Navarra. Pese al desplante, los constructores reiteran su disposición a colaborar para buscar soluciones reales al grave problema del acceso a la vivienda, recordando que ellos son "parte de la solución" y no el problema.
