Este viernes se ha presentado en Navarra una nueva oposición con casi 1.500 plazas que no ha quedado exenta de polémica. El Gobierno de María Chivite ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición debido al aumento de plazas con requisito de euskera en la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE). Desde partidos como UPN y el PP han acusado al Ejecutivo foral de discriminar a los navarros que no hablan euskera y de priorizar intereses políticos sobre la igualdad de oportunidades.
Para UPN, la decisión de elevar al 4,7% las plazas que exigen un conocimiento avanzado de euskera supone "una nueva cesión del PSN a Bildu y a sus socios nacionalistas". Según el partido regionalista, esta medida "ataca la igualdad de oportunidades" y no respeta la realidad sociolingüística de Navarra.
El partido ha pedido la retirada de estas medidas hasta que se realice un análisis riguroso sobre la demanda de atención en euskera. "Proteger el euskera no debe hacerse a costa de perjudicar a la mayoría de los navarros en el acceso a la función pública", ha destacado UPN, que ha solicitado la comparecencia de las consejeras López y Ollo para dar explicaciones.
Desde el Partido Popular de Navarra, se han sumado a las críticas, alertando de la falta de transparencia y control en las decisiones del Gobierno respecto a la Administración pública.
El sindicato AFAPNA también ha expresado su preocupación. Ha exigido que la ampliación de plazas con requisito de euskera no implique "el traslado ni la reubicación de empleados públicos que no cumplan con este perfil". Según AFAPNA, cualquier cambio en los puestos de trabajo deberá realizarse únicamente cuando estos queden vacantes.
El sindicato ha anunciado que analizará la distribución de plazas para asegurarse de que el aumento está justificado y es acorde a las necesidades reales. "Nos mantendremos vigilantes para que no se oferten plazas bilingües sin necesidad", han afirmado desde AFAPNA.
Por el contrario, el sindicato ELA ha considerado insuficiente el incremento al 4,7% de plazas con requisito de euskera y ha instado al Gobierno de Navarra a ser más ambicioso. Desde su perspectiva, esta cifra no garantiza el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en euskera en todos los servicios públicos.
ELA ha reclamado, además, que se ofrezca formación gratuita y en horario laboral a los empleados públicos que no dominen el idioma, con el objetivo de avanzar hacia una mayor euskaldunización de la Administración.
También ha señalado que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para reducir la alta tasa de temporalidad, que se mantiene en el 47%, según un informe de la Cámara de Comptos.
