La política de vivienda en Navarra ha vuelto a situar al Gobierno de María Chivite en el centro de las críticas. UPN ha presentado una batería de propuestas para aumentar la oferta de alquiler, reducir las cargas fiscales de los propietarios y modificar algunas exigencias legales que, a su juicio, están dificultando el acceso a una vivienda.
Entre las medidas destaca una exención fiscal de hasta el 90 % de los rendimientos del alquiler para los propietarios que ofrezcan sus pisos por debajo del precio de mercado. La formación también ha cuestionado las zonas de mercado tensionado, las restricciones en los contratos de arrendamiento y determinadas obligaciones energéticas que afectan a las viviendas navarras.
La parlamentaria foral y cabeza de lista al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre, Leticia San Martín, ha defendido que el objetivo principal debe ser recuperar la confianza de los propietarios. Considera que las actuales restricciones han provocado una reducción de la oferta de viviendas en alquiler.
"Queremos recuperar la confianza de los arrendadores con el fin de que se incremente la oferta de alquiler accesible", ha señalado San Martín, quien ha propuesto eliminar las zonas de mercado tensionado recogidas en la legislación nacional.
La candidata ha calificado esta regulación de normativa "sectaria" y ha asegurado que su principal consecuencia ha sido reducir drásticamente la oferta de alquiler. Por ello, ha reclamado un cambio de orientación en las políticas de vivienda.
También ha considerado necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar las posibilidades de prórrogas automáticas de los contratos. A su juicio, estas condiciones perjudican la confianza de quienes disponen de una vivienda y podrían incorporarla al mercado.
En materia de ocupación ilegal, San Martín ha planteado modificaciones en la legislación civil y penal. Su intención es impedir que los ocupantes ilegales puedan alegar que el inmueble constituye su domicilio para evitar su expulsión.
La dirigente también ha reclamado respeto a las competencias de Navarra en materia de vivienda, especialmente en la regulación de la vivienda protegida. "No permitiremos que la legislación nacional invada o recorte las competencias forales que tenemos en vivienda", ha afirmado.
En el ámbito foral, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha presentado una propuesta centrada en utilizar el IRPF como incentivo para abaratar los alquileres. Su planteamiento consiste en aprobar una exención que alcance el 90 % de los rendimientos obtenidos por los propietarios que cumplan determinadas condiciones de precio y duración de los contratos.
"Quien se decide a alquilar más barato tenga una recompensa fiscal en el sentido de que se pueda descontar hasta el 90 % de las rentas de alquiler", ha explicado el parlamentario.
Esta medida permitiría que los propietarios continuaran teniendo libertad para fijar el precio de sus inmuebles, pero establecería una ventaja tributaria para quienes alquilen por debajo del mercado. Los arrendadores que mantuvieran precios de mercado no podrían beneficiarse de esa exención en el IRPF.
Sánchez de Muniáin ha insistido en que la propuesta busca incentivar y no prohibir. "No prohibimos que se alquile a precio de mercado, sino que favorecemos a aquellos que deciden alquilar por debajo del precio de mercado", ha señalado.
Otra de las medidas planteadas para mejorar el acceso a la vivienda en Navarra consiste en recuperar la antigua cuenta de ahorro vivienda. Este mecanismo permitiría que las personas que reservaran parte de sus ingresos para adquirir una casa disfrutaran de una deducción en la cuota íntegra del IRPF.
La iniciativa está dirigida especialmente a los jóvenes que quieren comprar su primera vivienda y necesitan ahorrar durante varios años. El objetivo es ofrecerles una ventaja fiscal mientras reúnen el dinero necesario para la adquisición.
Además, la formación ha propuesto que los menores de 30 años con ingresos inferiores a 30.000 euros puedan quedar exentos del pago del IRPF bajo determinadas condiciones. Ese dinero podría destinarse a emprender una actividad económica o, especialmente, al ahorro para comprar una vivienda.
Otro de los aspectos cuestionados ha sido la aplicación de determinadas medidas incluidas en la Ley de Cambio Climático de Navarra. Sánchez de Muniáin ha asegurado que algunas obligaciones previstas en esta normativa pueden dificultar e incluso imposibilitar la construcción de nuevas viviendas.
Como ejemplo, ha citado la exigencia de reservar una superficie dentro de cada planeamiento urbanístico para generar la energía necesaria para todas las viviendas que se vayan a construir. Según ha explicado, este tipo de condiciones puede convertirse en un obstáculo para desarrollar nuevos proyectos residenciales.
El parlamentario ha reconocido que el Gobierno de Navarra ya ha planteado modificaciones en esta normativa. No obstante, ha avanzado que su formación estudiará esos cambios y presentará las correspondientes enmiendas parlamentarias.
También ha criticado las exigencias sobre la calificación energética de las viviendas existentes. En concreto, ha cuestionado la obligación de alcanzar una certificación A o B en un plazo de un año, una condición que, según ha asegurado, no cumple el 91 % de las viviendas navarras.
Sánchez de Muniáin considera que las mejoras energéticas deberían impulsarse mediante las ayudas del Gobierno de Navarra, en lugar de establecer obligaciones que, a su juicio, resultan difíciles de cumplir para buena parte de los propietarios.
Otra de sus objeciones afecta a la sustitución de los sistemas de calefacción. Ha criticado que se plantee suspender el suministro de gasóleo en edificios con acceso al gas natural en el plazo de un año.
Frente a esta obligación, ha defendido que el cambio de sistema energético se exija cuando se acometa una rehabilitación integral del edificio y se soliciten las correspondientes ayudas públicas. De esta manera, ha planteado vincular la transición energética a las reformas importantes de los inmuebles.
Las propuestas sobre vivienda en Navarra también han incluido una reclamación económica relacionada con una promoción de vivienda protegida. Sánchez de Muniáin ha anunciado que su formación planteará incorporar a los presupuestos una partida específica de tres millones de euros.
El dinero estaría destinado a que el Gobierno de Chivite resuelva el problema de los adjudicatarios de vivienda protegida en Maristas, una cuestión para la que el parlamentario ha reclamado una respuesta económica concreta.
