El ex director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra Pedro López ha rechazado este miércoles el reparo suspensivo de Intervención al modificado de los túneles de Velate, el mismo informe que acabó con su cese. Lo ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, donde ha insistido en que está “totalmente en contra” de ese reparo.
López ha defendido que su equipo ha mantenido a la Intervención General “perfectamente informada” desde el inicio. Y ha asegurado que, si el órgano fiscalizador hubiera trasladado antes cualquier advertencia, el departamento habría cambiado el paso y habría dado “las explicaciones necesarias”.
El ex director general ha cuestionado, además, el momento en el que llegó el reparo. A su juicio, desde abril de 2024 no se había recibido “ninguna comunicación negativa” y, sin embargo, el informe llegó el 26 de noviembre de 2025, “año y medio después”, y con un alcance que ha calificado de “este calado”.
Según su relato, desde entonces el departamento ha intentado reconducir la situación con certificaciones validadas en las que no se incluía ningún precio contradictorio. Ha explicado que se ha podido pagar todo y que se han actualizado y después anulado esos precios, incluso los que ya contaban con fiscalización favorable.
Ahora, ha añadido, están a la espera de saber cuál será la salida: si no se admitirá ningún precio contradictorio o si se permitirá un modificado. En su intervención, López ha enmarcado el conflicto en el modificado del túnel, cifrado en 8,5 millones de euros, un 11% sobre el coste previsto inicialmente.
Para explicar el origen del problema, se ha remontado a un informe geológico encargado en 2018 por el Ejecutivo. Ha afirmado que en la duplicación de los túneles de Velate han intervenido cuatro equipos diferentes y que, con la misma información, han mantenido criterios distintos porque “no es seguro”.
En ese escenario, ha dicho, el peso de la decisión recae en el director de obra, “el que se tiene que responsabilizar”. Y ha marcado distancia con los equipos anteriores, cuya responsabilidad ha considerado más limitada frente a la de la dirección facultativa contratada.
López ha defendido la contratación externa de la dirección de obra como una decisión “responsable”. Ha preguntado qué norma lo impide y ha comparado medios: ha indicado que el servicio de Proyectos y Obras suma veinte trabajadores, mientras que en la dirección de obra de Velate hay doce personas.
En la comisión, celebrada en Pamplona, también se le ha interrogado por la propuesta del ex consejero Bernardo Ciriza para que él integrara la mesa de contratación de Velate, una opción que finalmente se descartó. López ha explicado que es posible que un director general esté en la mesa, salvo cuando es el órgano de contratación, y ha apuntado a la vía de “desconcentrar” la competencia.
A preguntas del PSN, ha asegurado que ha visto directores generales en mesas cuando no eran órgano de contratación, y ha añadido que eso también ocurría cuando gobernaba UPN. El PSN ha anunciado que pedirá la documentación sobre esos casos.
Sobre las discrepancias entre vocales técnicos y jurídicos en la mesa, López ha afirmado que, si el secretario le hubiera indicado que debía acudir a la Junta de Contratación por una infracción, lo habría hecho. Ha relatado que convocó una reunión y que el secretario le dijo que se asesorara, y ha criticado los votos particulares sobre la solvencia técnica.
UPN le ha preguntado con quién se asesoró, pero López no ha dado nombres “por no generarles problemas”. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha replicado que con esa negativa “quiere ocultar” información.
Esparza también le ha preguntado si recibió alguna instrucción política para adjudicar la obra y seguir adelante. López lo ha negado y ha afirmado que no hubo instrucciones: “Fue toda decisión mía”.
La comisión ha abordado además el traslado del secretario de la mesa a una nave en el polígono de Landaben, una decisión que UPN ha presentado como un castigo. López se ha ratificado en que fue una reorganización y ha defendido que en los centros de conservación es habitual contar con un abogado en plantilla para evitar desconexiones entre letrados y técnicos.
En ese punto, ha aludido a la valoración de la Oficina Anticorrupción de Navarra, que interpretó el traslado como una “represalia”. López ha respondido que acata esa valoración, aunque ha lamentado que, según su versión, no se le pidiera ninguna explicación para exponer los objetivos del cambio.
También se ha referido al método de votación en la mesa, donde las puntuaciones se enviaron por correo electrónico al presidente. López ha dicho que no fue un cambio respecto a otros procedimientos y que “cada servicio tiene su forma de trabajar”.
Ha asegurado, además, que Jesús Polo no influyó en los miembros de la mesa. Y ha subrayado que ese sistema se ha usado “muchas veces”, sin que conste que los jurídicos lo cuestionaran en otros procesos.
López ha añadido que durante las adjudicaciones era habitual que circularan rumores sobre empresas, pero se ha mostrado seguro de que no afectaron a los técnicos del expediente de Velate. Pese a ello, Esparza ha insistido en que se trata de un expediente “repleto de irregularidades” que terminó adjudicándose a una UTE en la que, según ha señalado, estaba Santos Cerdán, y ha rematado: “Queda muy feo”.
