La Fiscalía de Navarra ha lanzado una seria advertencia sobre la situación que se vive en algunos centros de acogida de menores tutelados por el Gobierno foral. Las agresiones, amenazas y peleas registradas dentro de las instalaciones han obligado a intervenir frecuentemente a la Policía y han llevado al Ministerio Público a reclamar cambios en su funcionamiento.
La preocupación ha sido tal que las fiscales delegadas de Menores han mantenido dos reuniones con los responsables del Gobierno de Navarra para abordar los problemas de convivencia. Los encuentros se han celebrado el 29 de abril y el 9 de octubre de 2025 con la Dirección de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), dependiente del Departamento de Derechos Sociales.
La situación ha quedado recogida en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, que se refiere expresamente al "alarmante dato del elevado número de denuncias por acciones y conductas agresivas y violentas, amenazas y lesiones que tienen lugar dentro de estos centros".
El documento advierte de que estos episodios han hecho necesaria "la frecuente intervención de la policía, especialmente por parte de menores extranjeros no acompañados", en referencia a los incidentes atribuidos a integrantes de este colectivo. La Fiscalía considera necesario introducir medidas que permitan mejorar la convivencia y el funcionamiento cotidiano de determinados recursos residenciales.
Una de las principales propuestas planteadas a los responsables del Gobierno foral ha sido la introducción de límites horarios, especialmente en las actividades relacionadas con el ocio nocturno.
La Fiscalía ha reclamado establecer "unos mínimos niveles de exigencia en el día a día de algunos recursos, con limitación de horarios —especialmente de ocio nocturno—". Con esta petición, el Ministerio Público ha puesto el foco en la necesidad de reforzar las normas de convivencia dentro de los centros.
Además, las fiscales han solicitado estudiar la conveniencia de habilitar recursos residenciales diferenciados por sexos en determinados acogimientos especializados. No se trata de una propuesta general para todos los centros, sino de una medida que consideran necesario evaluar en algunos casos.
La dimensión del sistema de protección también ha quedado reflejada en las cifras oficiales. A 31 de diciembre de 2025, el Gobierno de Navarra tenía bajo su guarda a 666 menores. De ellos, 277 se encontraban en acogimiento residencial ordinario o específico, incluidos 128 menores extranjeros no acompañados. Otros 125 jóvenes permanecían en los Centros de Observación y Acogida (COA), entre ellos 74 menores extranjeros no acompañados.
La Memoria judicial también ha analizado la actividad del Centro de Reforma de Aranguren, el único centro de internamiento penal juvenil existente en Navarra. Se trata de un recurso diferente de los centros residenciales de protección, ya que atiende a menores sometidos a medidas judiciales.
Durante 2025, la dirección de este centro ha comunicado a la autoridad judicial la aplicación de 32 contenciones físicas a internos. En 21 de esas intervenciones ha sido necesario recurrir a la inmovilización de las muñecas.
El informe también recoge 16 medidas disciplinarias de aislamiento cerrado notificadas al juzgado. Paralelamente, las solicitudes de internamiento judicial urgente de menores con graves trastornos conductuales en recursos especializados, conocidos como centros ARE, han alcanzado las 51 actuaciones promovidas ante los juzgados de Primera Instancia.
Los problemas de convivencia en el sistema de protección también han motivado quejas de entidades sociales. La Fiscalía recoge las denuncias trasladadas por organizaciones como SOS Racismo acerca de altercados ocurridos en instalaciones como el Centro de Observación y Acogida de Marcilla. Todo ello ha situado el funcionamiento de los recursos residenciales y la seguridad de los menores y profesionales entre las preocupaciones recogidas por el Ministerio Público.
