Robar un teléfono móvil de menos de 400 euros podría terminar con una condena de prisión si prospera la reforma legislativa que ha planteado la Fiscalía Superior de Navarra. El Ministerio Público considera que la legislación actual no protege suficientemente a las víctimas de estos hurtos y propone endurecer las penas, con independencia del valor económico del dispositivo sustraído.
La iniciativa aparece recogida en la Memoria de la Fiscalía de Navarra, que propone modificar el artículo 234 del Código Penal para que la sustracción de teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles pueda castigarse con penas de entre seis y dieciocho meses de prisión.
Durante 2025 se han tramitado en los juzgados navarros 2.200 procedimientos por delitos de hurto. Dentro de esta modalidad delictiva, los teléfonos móviles figuran entre los objetos habitualmente sustraídos, especialmente en hechos relacionados con carteristas y delincuentes reincidentes.
El problema, según la Fiscalía, es que la legislación vigente contempla como delito leve el hurto de un teléfono cuyo valor sea inferior a 400 euros, salvo que concurran circunstancias que permitan aplicar una calificación penal más grave. El Ministerio Público considera insuficiente esa protección y cuestiona la "lenidad" del tratamiento penal de estas sustracciones.
El argumento central de la propuesta es que un teléfono móvil no puede valorarse solamente por su precio. Para la Fiscalía, estos dispositivos se han convertido en herramientas esenciales de la vida cotidiana, en las que se almacena una enorme cantidad de información privada.
En este sentido, el documento afirma que "el teléfono móvil ha terminado por convertirse en la auténtica piedra angular de la identidad digital de la persona". Los dispositivos guardan datos de identificación personal, información financiera, datos biométricos y de salud, geolocalización, comunicaciones y archivos.
Por este motivo, el Ministerio Público entiende que su sustracción puede tener consecuencias que van mucho más allá de la pérdida económica. La propuesta plantea que el hurto de estos dispositivos sea considerado delito menos grave en todos los supuestos, independientemente de que su valor esté por encima o por debajo de los 400 euros.
La Fiscalía también recuerda que el legislador ya ha introducido una protección penal especial en otros ámbitos relacionados con la economía digital. Como precedente, menciona la reforma de la Ley Orgánica 14/2022, que modificó el tratamiento de determinadas estafas cometidas mediante tarjetas de crédito y otros instrumentos de pago. En cualquier caso, la propuesta sobre dispositivos electrónicos todavía requiere una modificación legislativa para entrar en vigor.
La Memoria también ha recogido una iniciativa dirigida a combatir la reincidencia delictiva entre menores en Navarra. Durante 2025 se ha formalizado la creación de la denominada Mesa de Seguimiento de determinados casos de menores reincidentes del sistema de protección.
En este órgano participan representantes de la Fiscalía, la Policía Foral, la Policía Municipal de Pamplona y la Subdirección de Familia del Gobierno de Navarra. Su objetivo es compartir información sobre los casos que presentan mayor reincidencia, analizar los expedientes y coordinar las actuaciones policiales, judiciales y de protección que resulten necesarias.
El Ministerio Público también ha solicitado una mayor rapidez al Instituto Navarro de Medicina Legal en la elaboración de determinados informes de lesiones. La finalidad es evitar que los retrasos puedan provocar la prescripción de delitos leves cometidos por menores antes de que se complete su tramitación judicial.
Por otra parte, la Memoria dedica un apartado diferenciado a las expulsiones de ciudadanos extranjeros con procedimientos penales. Durante 2025, la Sección de Extranjería ha emitido 82 informes favorables a expulsiones administrativas y ha formulado acusaciones solicitando la sustitución de penas por expulsión en 174 casos, de los cuales 132 correspondían a Pamplona, Estella y Aoiz, y 42 a Tudela y Tafalla.
La Fiscalía también ha expuesto las dificultades para ejecutar algunas expulsiones, especialmente en los casos de ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia, debido a los requisitos documentales y a los problemas de aceptación por parte de sus países. Ante estas situaciones y los casos de evasión o resistencia durante los traslados, propone recurrir al ingreso en prisión de hasta 30 días previsto en la disposición adicional 17.ª de la Ley Orgánica 19/2003, con el objetivo de facilitar la ejecución de las expulsiones por parte de la Policía Nacional.
