UPN ha cuestionado la firma del Convenio de financiación plurianual entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) tras conocerse que fue aprobado con un informe de fiscalización desfavorable del Director General de Intervención.
El partido regionalista ha subrayado que el citado informe incluye observaciones “de gran relevancia”, como la inexistencia de un sistema de contabilidad analítica en la UPNA, lo que, a su juicio, impide que el esquema de financiación esté vinculado al coste real. Esto dificulta tanto su cuantificación como su posterior seguimiento y control.
El texto también advierte sobre la falta de herramientas eficaces para verificar el cumplimiento del acuerdo. Aunque reconoce que el Convenio y la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) prevén mecanismos de control, el informe incide en que la Administración no puede abdicar de sus funciones y que los sistemas de fiscalización deben complementarse.
Entre otras carencias, el informe señala la falta de justificación detallada en el plan de inversiones y la ausencia de criterios claros para el índice de actualización, aspectos que, según UPN, son “de gran calado” y comprometen la calidad del Convenio.
“Estamos hablando de una cantidad cercana a los 400 millones de euros. Aunque es inferior a la solicitada por el rector de la UPNA, no deja de ser una suma muy relevante para las arcas públicas, por lo que el Gobierno debería haber actuado con mayor escrupulosidad”, han apuntado desde la formación, calificando la decisión de “temeridad”.
UPN también ha criticado lo que considera una costumbre del Gobierno de Chivite de aprobar acuerdos “con informes en contra” tanto de técnicos del Ejecutivo como del Consejo de Navarra. “Piden informes solo para cubrir el expediente, pero ignoran su contenido”, han denunciado.
Los regionalistas han recordado que el Convenio con la UPNA ha sido polémico desde su origen. En abril de 2024, el rector envió un informe detallando las necesidades económicas del centro, al que el Ejecutivo no respondió hasta meses después. En septiembre, durante el acto de apertura del curso académico, el rector advirtió de que no contar con un convenio adecuado “tendrá consecuencias significativas” para el futuro de la región.
Aquellas declaraciones provocaron una airada respuesta del PSN, lo que, según UPN, pudo tener como objetivo “acallar al rector”. Finalmente, el 23 de diciembre, la presidenta Chivite anunció un acuerdo verbal, que no se formalizó hasta más tarde y que, según los regionalistas, no tenía validez jurídica en ese momento.
“El Gobierno tenía urgencia por cerrar el acuerdo, pero no debería haberlo hecho de cualquier manera”, han concluido desde UPN.
