El magistrado de la Sala Penal del Tribuna Supremo, Leopoldo Puente, ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar el 25 de junio tras hallar "consistentes indicios" en su contra en el informe de la UCO sobre su presunta participación junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones.
El juez ha decidido levantar el secreto de una pieza separada en la investigación sobre una posible adjudicación ilícita de obras públicas, en la que se encuentran implicados Santos Cerdán, exministro José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. Esta decisión se basa en el informe de la UCO del 5 de junio, que sugiere que Cerdán podría estar vinculado a estos hechos delictivos. Debido a su condición de diputado aforado, el juez ha ofrecido a Cerdán la opción de declarar de manera voluntaria, asistido por un abogado, el próximo 25 de junio.
Además, el auto también cita nuevamente a Ábalos y Koldo García para que declaren el 24 de junio, ya que el informe de la UCO menciona posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas y se han revelado nuevos hechos durante la investigación que podrían estar relacionados con este caso.
El juez destaca que, según el informe, existen indicios de que una persona adicional podría haber participado en la adjudicación ilícita, junto con los otros implicados. Esta nueva línea de investigación apunta a la posible comisión de delitos de cohecho e integración en organización criminal, en los que estaría involucrado Santos Cerdán.
Por su parte, el magistrado ha explicado que, al ser Cerdán diputado, la competencia para juzgarle corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según lo estipulado en el artículo 57.1.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, se elevará una exposición razonada a esta sala para determinar si corresponde a este tribunal instruir la causa.
El auto también establece que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los diputados tienen derecho a ejercer su defensa durante el proceso, sin perjuicio de la normativa constitucional sobre la inmunidad parlamentaria.
Finalmente, el juez ha levantado parcialmente el secreto sobre el procedimiento, poniendo en conocimiento de las partes involucradas todos los detalles del caso, incluido el informe de la UCO y las resoluciones previas relacionadas con la investigación.
