El juez del Supremo Leopoldo Puente inicia una investigación formal contra Santos Cerdán, aunque, por su condición de aforado, deberá ofrecerle primero declarar de forma voluntaria.
La UCO de la Guardia Civil ha entregado al Supremo grabaciones de Koldo García que implican al número dos del PSOE, el navarro Santos Cerdán, en el amaño de contratos públicos. Una de las adjudicaciones bajo sospecha es la del desdoblamiento de los túneles de Belate, obra impulsada por el Ejecutivo foral de María Chivite y bajo la sombra de la duda por todas las irregularidades denunciadas incluso por los miembros de la mesa técnica que adjudicó la obra.
Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE y número dos del partido además de guía del partido en Navarra, ha sido señalado por la Guardia Civil en una investigación por presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos. Según ha confirmado la Unidad Central Operativa (UCO), el dirigente navarro aparece mencionado en grabaciones intervenidas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Así lo han reconocido medios afines a Moncloa y el PSOE, como El País y El Diario.es, que vienen ahora a confirmar las noticias ya publicadas hace semanas por Okdiario.
Las conversaciones se han incorporado a un informe entregado el pasado 5 de junio al Tribunal Supremo, dentro de una pieza secreta del sumario del llamado caso Koldo. La investigación, que comenzó por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, se ha ampliado a adjudicaciones de obra pública, algunas de ellas en Navarra.
Entre las obras que la UCO considera sospechosas figura el desdoblamiento de los túneles de Belate, una infraestructura clave promovida por el Gobierno de María Chivite (PSN). Según varias fuentes, la obra podría estar vinculada a los contactos y gestiones de Koldo García y su círculo cercano. La empresa Servinabar fue registrada este martes en Pamplona y parece ser la pieza del puzzle que investiga la Guardia Civil.
Las grabaciones de Santos Cerdán que sustentan el informe fueron extraídas de dispositivos electrónicos incautados a Koldo cuando fue detenido en febrero. En ellas, el exasesor conversa con Ábalos y con Cerdán —a veces por separado, y en ocasiones los tres juntos— sobre supuestos amaños en adjudicaciones y el cobro de comisiones por parte de empresas beneficiadas. La Cadena SER ha cifrado esas presuntas mordidas en 400.000 euros, una información que también ha sido confirmada por El País.
El juez del Supremo Leopoldo Puente ha calificado estos indicios como suficientes para iniciar una investigación formal contra Santos Cerdán, aunque, por su condición de aforado, deberá ofrecerle primero declarar de forma voluntaria. Si lo rechaza, se activaría la solicitud de suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Uno de los empresarios afectados por los registros de la operación policial del martes ha sido Antxon Alonso Egurrola, propietario de la empresa Servinabar 2000, con sede en Navarra. La Guardia Civil también ha intervenido sus oficinas y domicilios en Vizcaya, Granada, Valencia y Madrid. Cerdán ha reconocido que conoce personalmente a Alonso desde hace años, aunque ha negado cualquier relación con los contratos: “Es buen amigo y le van a joder la empresa y su vida sin tener nada que ver", según recoge El Diario.es.
Al ser preguntado por los periodistas en el Congreso, el número dos del PSOE se ha limitado a decir este miércoles: “No tengo ningún miedo ni nada de lo que defenderme”. En paralelo, su partido ha emitido un comunicado oficial en el que asegura que Cerdán “no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública” y que “jamás ha cobrado una comisión”. El PSOE critica lo que califica de filtración interesada, que “solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados”. Hay que recordar que buena parte de las informaciones publicadas este miércoles por la tarde provienen de medios de comunicación muy vinculados al PSOE y Moncloa.
La causa, que empezó como un escándalo de contratación sanitaria durante la pandemia, se ha convertido en una investigación sobre una supuesta red de comisiones irregulares que afecta a empresas privadas, altos cargos del PSOE y contratos públicos de distintos territorios, incluyendo Navarra, según ratificó también Víctor de Aldama.
