El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de su procesamiento en el caso de las mascarillas. En un recurso de apelación presentado tras el auto dictado el pasado 3 de noviembre, su defensa sostiene que el dinero en efectivo que manejaba era totalmente legal y provenía de “liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”.
García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, figura junto al exdirigente socialista y al empresario Víctor de Aldama entre los procesados por los presuntos delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y organización criminal.
En un escrito de 89 páginas, su defensa plantea hasta siete posibles causas de nulidad, mostrando su disconformidad con el relato del magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso en el Supremo.
Los abogados discuten tanto la supuesta participación de García en la adjudicación de los contratos investigados como la afirmación de que Aldama le habría abonado pagos mensuales de 10.000 euros entre 2019 y 2021.
Según la defensa, el dinero en metálico que utilizaba “tiene origen lícito y conocido para él” y se destinaba a gastos diarios delegados por la Secretaría de Organización del PSOE. Califican de “imaginativa, arbitraria y carente de todo sentido” cualquier otra interpretación de la UCO de la Guardia Civil o del juez. También rechazan la validez del documento Excel aportado por Aldama, del que aseguran “nada prueba contra mi representado”.
Entre los motivos de nulidad, el recurso denuncia una posible vulneración del principio ‘non bis in idem’, al entender que el exasesor está siendo investigado por los mismos hechos en la Audiencia Nacional y en el Supremo, con resoluciones que se solapan en parte. Además, cuestiona que no se haya procesado a otras personas mencionadas en el auto, como Jessica Rodríguez (expareja de Ábalos), Claudia Montes o la compañía Air Europa, entre otras.
La defensa considera que la ausencia de estas investigaciones vulnera el derecho de defensa, al impedir solicitar diligencias probatorias. También alegan que no se le han devuelto los teléfonos intervenidos, que se han omitido diligencias solicitadas y que existe una investigación prospectiva.
Otro argumento apunta a una “extralimitación” del juez al investigar hechos no incluidos en el suplicatorio del Congreso, además de cuestionar que el aforamiento de Ábalos haya motivado que el Supremo instruya la causa completa.
Por todo ello, la defensa de Koldo García pide anular el auto de procesamiento y suspender la tramitación del caso mientras se resuelve su recurso.
