El Gobierno de Navarra ha anunciado la creación de un registro de grupos de interés, una herramienta que busca garantizar una mayor transparencia en las relaciones entre entidades, particulares y los poderes públicos.
La medida está incluida en el anteproyecto de la nueva Ley de Transparencia, remitido al Parlamento foral, y será gestionada por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA).
El vicepresidente primero, Félix Taberna, ha explicado que esta iniciativa se enmarca en el objetivo de “cuidar la democracia”, recordando que el 80% de la ciudadanía española “no ha conocido otro régimen que el democrático”.
En su opinión, en un contexto de “polarización y toxificación informativa”, la transparencia actúa como antídoto: “El mayor desinfectante es la luz solar, y este proyecto de ley nos permite tener más luz, una caja de cristal”, ha señalado.
Taberna ha defendido que los grupos de interés o ‘lobbies’ no deben entenderse como “entidades malévolas que operan en la sombra”, ya que su actividad está regulada en instituciones como la Comisión Europea o la Administración de Estados Unidos. Según ha indicado, se trata de organizaciones o colectivos de origen económico o social que buscan influir en las decisiones públicas, una influencia que “no tiene por qué ser negativa, puede ser positiva”.
El nuevo registro será gestionado por la OANA y su aplicación abarcará al Parlamento de Navarra, el Gobierno Foral y la Presidencia de la Comunidad.
El Ejecutivo aprobará mediante decreto foral su desarrollo reglamentario, que incluirá un Código de Conducta para regular las relaciones entre los grupos de interés y las instituciones. La inscripción será obligatoria para organizaciones o particulares que deseen mantener contacto con los poderes públicos, a fin de garantizar su identificación y control.
Entre las novedades del anteproyecto de reforma de la Ley Foral de Transparencia, se incorpora la propia OANA entre las entidades sujetas a la norma, junto con el Gobierno, el Parlamento, la Universidad Pública de Navarra, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Navarra o la Cámara de Comptos.
Asimismo, se refuerza el papel del Consejo de Transparencia, con el objetivo de garantizar su independencia y mejorar su capacidad de respuesta. Se propone eliminar la presencia de representantes políticos en este órgano e incorporar en su lugar a una persona de perfil técnico.
También se amplía a seis años el mandato de su presidencia, sin posibilidad de renovación, y se prohíbe que el titular pertenezca a un partido político en el momento de su nombramiento.
El texto contempla, además, que los miembros del Consejo puedan percibir remuneraciones por la resolución de reclamaciones o por la realización de ponencias, así como fijar una retribución anual para la presidencia y la secretaría del órgano.
En caso de infracciones, el Consejo podrá exigir a las Administraciones que depuren responsabilidades internas.
Respecto a la publicidad de las agendas de los altos cargos, Taberna ha asegurado que los 14 miembros del Gobierno foral cumplen con esta obligación. “La transparencia no es una reglamentación, es una actitud”, ha afirmado, al tiempo que ha animado al Parlamento de Navarra a reflexionar sobre la necesidad de disponer también de una agenda pública institucional.
