Mientras el Gobierno foral recurre al argumento de la manipulación de la ultraderecha, la madre del menor —cuya patria potestad fue suspendida en diciembre de 2024— ha denunciado que apenas pudo ver a su hijo "cinco minutos" cuando estaba ingresado en el Hospital Universitario de Navarra tras la presunta agresión.
La mujer fue informada con 24 horas de retraso mediante un escueto mensaje de WhatsApp que hablaba de "verbalizaciones" sin mencionar en ningún momento la posibilidad de una agresión sexual. No fue hasta dos días después cuando una educadora le confirmó telefónicamente que podía tratarse de un ataque sexual, basándose en el testimonio del propio niño de 4 años.
La escena de esos “cinco minutos” ha quedado reflejada en una conversación entre la madre y funcionarias del Departamento de Derechos Sociales que trabajan en el área de acogimiento de menores. La mujer insiste en que el centro debería haberle comunicado lo ocurrido “ayer” y reprocha que, en la práctica, nadie le explicó qué pasaba: “Si consideras que contarme algo es que nadie sepa contarme nada y decirme tu hijo está muy bien pero lo hemos ingresado por protocolo”.
La respuesta que recibe es fría y administrativa: “El protocolo nos dice que vayamos al hospital como medida de protección”. En ese mismo intercambio, las trabajadoras aluden a la visita supervisada que la madre realizó durante el ingreso: “Nos comentan que estuviste viendo al niño”. Ella confirma que fue pese a que le advirtieron: “Me dijeron ni se te ocurra”.
La madre sostiene que no acudió por capricho, sino por un precedente que le ha marcado. Explica que el niño ya había estado ingresado anteriormente por un episodio grave de atragantamiento: “Mi hijo ya ha estado ingresado anteriormente porque casi se muere atragantado por una manzana… Estar en esa planta le recuerda a eso. No se siente seguro”. Y añade un detalle que muestra el vínculo y la carga emocional: “La que se quedó a dormir con él aquellos días fui yo”.
Las funcionarias asumen esa reacción como lógica —“Es normal que quisieras ir a verlo”—, pero el dato clave vuelve a aparecer como un límite impuesto: “Estuve cinco minutos, porque la educadora me dijo: tienes cinco minutos”. La mujer repite la frase, como quien no termina de creerse que ese fuera el margen permitido para ver a su hijo en un momento crítico.
Este episodio se enmarca en un caso que ha sacudido a Navarra por la gravedad de lo denunciado y por la forma en la que se ha comunicado a la familia. Los hechos se han situado el 17 de enero de 2026 en el centro Lagunetxea, ubicado en Mutilva, tutelado por el Gobierno de Navarra y gestionado por la Fundación Amigó. Según la información conocida, un niño de 4 años ha sido presuntamente agredido sexualmente por un menor de 16.
El menor fue ingresado después en el Hospital Universitario de Navarra. La madre, cuya patria potestad está suspendida, fue informada el día 18 de enero mediante un WhatsApp del centro que habló de un ingreso “preventivo” por “verbalizaciones” que convenía valorar “por su edad y contenido”, sin mencionar en ningún momento la posible naturaleza sexual del episodio. La madre ha asegurado que intentó contactar repetidamente con el centro sin conseguir explicaciones claras.
No fue hasta el 19 de enero, en una llamada telefónica, cuando una educadora le trasladó que lo sucedido “puede ser una agresión sexual”, basándose en el testimonio del niño, según la versión facilitada. Ese mismo día, y también según la información aportada, se ha generado otro elemento que ha aumentado la polémica: un audio en el que una funcionaria del servicio de Acogimiento Familiar minimiza lo ocurrido ante la madre.
En esa grabación, fechada el 19 de enero, la trabajadora social describe el caso como “conductas de carácter sexualizado entre dos críos”, en referencia a la víctima, de 4 años, y a “otro un poquito más mayor”, sin precisar que el presunto agresor tiene 16. En el audio también afirma que se ha activado el protocolo, que se ha separado a los menores y que el adolescente ha salido del centro.
El caso ya ha sido remitido a la Fiscalía de Menores, que ha abierto una investigación. Además, la controversia se ha agravado con otra admisión interna conocida después: en una reunión celebrada el 23 de enero, servicios sociales habrían reconocido a la madre que el niño “no debería haber sido ubicado” en ese centro, tras explorar sin éxito opciones de acogida familiar.
En el plano político, el episodio ha elevado la tensión. VOX Navarra ha pedido la dimisión de la consejera de Derechos Sociales, María del Carmen Maeztu, y UPN ha reclamado explicaciones urgentes sobre los protocolos y la seguridad en estos recursos.
En medio del choque de versiones, la denuncia de la madre se ha convertido en un símbolo de la queja principal: la sensación de opacidad, el lenguaje que rebaja la gravedad y un trato que, según su testimonio, le ha dejado incluso sin tiempo para sostener la mirada de su hijo en el hospital. Solo “cinco minutos”.
