El pleno del Parlamento de Navarra ha dado su visto bueno este jueves a una modificación en la ley foral del IRPF, aprobada de forma unánime, que busca adecuar la situación de los mutualistas navarros a diversas sentencias del Tribunal Supremo. Estas sentencias afectaban al régimen común, pero no a la Comunidad foral. Se estima que esta reforma tendrá un coste de 150 millones de euros para la Hacienda foral en el año 2025.
Con el fin de abordar esta situación, los grupos PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado de manera conjunta una proposición de ley para modificar el Decreto Foral Legislativo 4/2008, que regula el texto refundido de la ley foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La nueva legislación introduce una deducción extraordinaria que será aplicable en el ejercicio fiscal 2024 para aquellos contribuyentes que hayan recibido prestaciones de jubilación o invalidez de la Seguridad Social entre los años 2020 y 2023, derivadas de aportaciones a contratos de seguro establecidos con mutualidades de previsión social antes del 1 de enero de 1979, que no habían sido fiscalmente deducibles.
La cuantía de la deducción se calculará individualmente para cada contribuyente, en función de las prestaciones recibidas y sus autoliquidaciones durante los periodos impositivos mencionados. Estas autoliquidaciones se procesarán automáticamente en la próxima campaña de la renta, programada para la primavera de 2025.
Además, la ley modifica la disposición transitoria segunda de la ley foral del IRPF para que, a partir del 1 de enero de 2024, las prestaciones de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, vinculadas a aportaciones a mutualidades de previsión social, no queden excluidas de esta disposición.
La parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, ha declarado que esta ley "ofrece una solución a una situación compleja que afecta a miles de pensionistas navarros, generada hace casi 60 años". Unzu subrayó que desde el primer momento se consideró prioritario resolver esta cuestión.
Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha elogiado el trabajo de quienes han liderado el movimiento de los mutualistas, señalando que esto ha llevado al Gobierno a reconsiderar su posición y corregir su enfoque. "Este caso demuestra que cuando el Gobierno rectifica, acierta", agregó.
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz comentó que esta ley permitirá a los pensionistas aplicar una deducción que no se había implementado en los últimos cuatro años, resaltando que "el coste económico es significativo, con 150 millones de euros en total".
Mikel Asiain, de Geroa Bai, afirmó que "estamos aquí para atender las demandas de los mutualistas", mientras que Irene Royo, del PPN, destacó que han sido los mutualistas quienes han luchado por esta causa, a pesar de que los socios de Gobierno intenten presentarlo como una iniciativa propia.
El parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, destacó que, a partir de 2025, los contribuyentes verán reflejada una reducción en lo que deben tributar por sus pensiones, sin necesidad de presentar reclamaciones ante la Hacienda. "Hoy se prioriza la solución a esta injusticia en los Presupuestos de 2025", afirmó.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, afirmó que los socios de Gobierno actuaron "en respuesta al movimiento social y las sentencias del Tribunal Supremo", en lo que consideró una "agresión a los pensionistas navarros", pero celebró que se esté corrigiendo este error.
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