El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción del PPN que pedía al Gobierno foral iniciar los trámites para la declaración de lesividad de dos contratos cuestionados: el de las obras de duplicación del túnel de Belate y el de la construcción de 46 VPO en régimen de alquiler en Erripagaña, tras los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA).
La iniciativa solo ha contado con el apoyo de Vox y de la parlamentaria no adscrita, mientras que UPN se ha abstenido y los grupos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.
El portavoz del PPN, Javier García, ha defendido que los informes de la Oficina Anticorrupción señalan “una acumulación de incumplimientos flagrantes” que exceden de meras irregularidades administrativas. Según ha explicado, el recurso de lesividad es un procedimiento excepcional que permite a la Administración impugnar sus propios actos cuando se considera que lesionan el interés público. “El recurso de lesividad no es un capricho político ni un instrumento de confrontación, sino una vía para proteger la legalidad y el interés general”, ha señalado, vinculando además el asunto con el proceso abierto por el denominado ‘caso Cerdán’.
Desde UPN, la parlamentaria Marta Álvarez ha coincidido en que la Oficina Anticorrupción concluye que varias adjudicaciones son nulas de pleno derecho, pero ha matizado que en esos casos no corresponde un recurso de lesividad, sino un procedimiento de revisión de actos nulos que debería iniciar el propio Gobierno.
En la misma línea, el socialista Javier Lecumberri ha recordado que la Cámara de Comptos no ha visto casos de nulidad de pleno derecho y ha reprochado al PP su falta de rigor. Además, ha destacado que el Ejecutivo encargó auditorías en cuanto se detectaron posibles irregularidades y ha acusado a los populares de haber manipulado pruebas en el pasado.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que no existen en este momento elementos jurídicos suficientes para iniciar una declaración de lesividad y ha planteado que este asunto podría abordarse en una comisión de investigación, pero no en la vía planteada por el PP.
Por su parte, Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha criticado las “prisas” de los populares y ha asegurado que la moción mezcla conceptos jurídicos de forma confusa. Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha insistido en que si los contratos fueran nulos nunca habrían existido y, si no lo fueran, la propuesta carece de fundamento.
El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha sido más contundente y ha acusado al Gobierno foral de inacción: “Un Gobierno serio, decente y honrado hubiera acudido a la Fiscalía, abierto el procedimiento y cesado a los responsables. ¿Qué han hecho? Ninguna de esas tres cosas”.
