"Siendo actualmente el Portal de Contratación de Navarra la principal herramienta de transparencia en la contratación pública, el nivel de exportación de datos, tal y como está diseñado, no permite realizar un análisis transversal y agregado de datos que son fundamentales para analizar la contratación pública. Consecuentemente, nos ha sido imposible obtener adecuada información".
Así de contundente ha sido la Cámara de Comptos para poner de manifiesto la falta de transparencia del Gobierno de Chivite en el Portal de Contratación. Una falta de transparencia que ya ha ocasionado incluso sentencias en contra del Ejecutivo que preside la socialista.
El órgano fiscalizador ha recomendado a Chivite mejorar el Portal de Contratación de Navarra a través del cual se articula "la transparencia en la contratación pública". Así, ha considerado que "podría mejorarse el nivel de exportación de datos facilitando la descarga masiva de información y permitiendo así un análisis transversal y agregado".
De la misma manera, recomienda que los órganos de contratación publiquen en el Portal de Contratación "toda la información exigida legalmente; se unifique la codificación de campos clave; se reduzca la duplicidad de información; y se desarrolle una aplicación integral que aglutine la funcionalidad de las plataformas actuales".
Así se recoge en un informe publicado por el órgano fiscalizador en el que ha analizado el funcionamiento del Portal de Contratación pública de Navarra durante los últimos cinco años. En 2019, la contratación de obras, servicios y suministros supuso 811 millones, gasto que el año pasado ascendió a 1.158 millones.
Según los datos del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía del Gobierno de Navarra, el año pasado se formalizaron 601 contratos por un importe de 376 millones. El 78% de dichos contratos se realizaron a través del procedimiento abierto y el 18% por procedimiento negociado.
El informe apunta los "potenciales riesgos" que se pueden dar en la contratación pública. En la fase preparatoria, "la falta de estudio y justificación de las necesidades que se quieren cubrir con el contrato; la elección de un procedimiento que restrinja la participación de licitadores; pliegos y criterios de solvencia y adjudicación que favorezcan a determinados licitadores; y la fijación de un importe que no se ajuste al mercado".
En la fase de licitación se destaca el "riesgo de vulnerar el principio de transparencia cuando se limita la publicidad y el acceso a la información". Respecto a la adjudicación, "un riesgo evidente puede derivar de la inconcreción en los pliegos de los criterios de valoración, y de su repercusión en los informes de valoración", apunta Comptos.
El informe también se refiere a la ejecución del contrato, fase en la que "pueden darse modificaciones de las condiciones del contrato que incrementen su coste más allá de los límites legales, sin justificarse adecuadamente".
