La Comisión de Convivencia del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una resolución que insta al Gobierno de España a reformar la Ley de Protección Jurídica del Menor para que ningún niño o adolescente con documentación acreditativa sea sometido a un procedimiento de determinación de edad por la Ley de Extranjería.
La moción, aprobada con los votos a favor del cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E) y los votos en contra de UPN y PPN, exhorta además al Ejecutivo a reformar el Reglamento de Extranjería (artículo 190), a fin de garantizar la asistencia de un letrado con formación específica a menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio español.
Un tercer apartado emplaza al Gobierno a derogar el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados y a elaborar uno nuevo que coordine las actuaciones de todas las administraciones para garantizar los derechos de los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención de Naciones Unidas.
Asimismo conmina al Gobierno a "cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños y niñas que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya dudas o no sobre su edad y de la documentación que porten".
Se le pide también que se garantice la tutela de todos los menores en desamparo y que se reforme la normativa de Extranjería para la concesión automática del permiso de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor y asegurar la autorización a los mayores de 16 años para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.
La resolución solicita al Gobierno que promueva los traslados a la península de menores no acompañados que se encuentran en Ceuta y Melilla, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados.
Además, se requiere al Ejecutivo que "promueva programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez alcanzada la mayoría de edad, incluyendo la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y a la formación para el empleo.
Por otra parte se reclama una refuerzo de las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger a los menores solicitantes de asilo.