La Audiencia Nacional investiga a una firma tecnológica con sede en Navarra en la que participó Leire Díez, detenida en la operación contra la red ligada a Santos Cerdán.
La empresa Cistec Technology con sede en Navarra está siendo investigada en relación con la operación judicial derivada del llamado caso Cerdán, que investiga presuntas irregularidades y corrupción en torno a responsabilidades públicas y acceso a información sensible.
La compañía, con presencia en Navarra y el País Vasco, ha pasado a estar bajo la lupa de la Audiencia Nacional. La investigación se ha intensificado tras la detención de varias personas, entre ellas Leire Díez, que estuvo vinculada a esta empresa como consejera entre octubre de 2021 y septiembre de 2023.
Díez, militante activa del PSOE, fue designada consejera de esta firma tecnológica pocos meses después de que la empresa recibiera ayudas públicas por casi un millón de euros. La llegada de Díez coincidió con una ampliación del consejo de administración.
Hasta su incorporación a esta sociedad, Díez no contaba con experiencia previa en el sector tecnológico. Su nombramiento en la empresa no aparecía en plataformas profesionales donde ella misma había detallado su trayectoria laboral.
La investigación judicial mantiene el carácter de secreta, por lo que no se conocen muchos detalles sobre ella. Sin embargo, cada vez coge más fuerza la hipótesis que señala a Cistec Technology. La empresa podría haber servido de vehículo para operaciones vinculadas a las presuntas tramas de corrupción.
Díez fue detenida este miércoles, una acción que ha desencadenado también otros arrestos relevantes, entre ellos el del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxón Alonso, un socio con estrecha relación con los líderes investigados. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha venido realizando registros y solicitudes de información en distintos puntos de España, incluidos domicilios y oficinas en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Díez también ocupó cargos relevantes en empresas públicas como Enusa y Correos, tras la llegada del actual Gobierno central. Su paso por la firma tecnológica navarra se produjo en paralelo a otras responsabilidades públicas.
Desde que la empresa navarra investigada se vio en el punto de mira, desde la entidad se han limitado a negar irregularidades y a afirmar que Díez no percibió retribución por su cargo, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por fuentes judiciales.
