La paralización de las obras de los túneles de Velate, obra que se adjudicó a la UTE de Santos Cerdán, se ha convertido en un serio punto de tensión para María Chivite dentro del bloque político que sostiene al Gobierno de Navarra. Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu han elevado este jueves el tono, han mostrado abiertamente su preocupación y han reclamado más explicaciones sobre los sobrecostes, los pagos pendientes y la salida jurídica que pretende encontrar ahora el Ejecutivo foral.
La preocupación ha aumentado después de conocerse que la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra no avala la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar a la UTE adjudicataria determinados trabajos correspondientes al modificado de la obra. El Ejecutivo busca ahora otra vía mientras sus socios reclaman garantías y empiezan a marcar distancias con la gestión realizada.
El mensaje más contundente dentro del propio Gobierno ha llegado de Pablo Azcona, portavoz parlamentario de Geroa Bai, quien ha asegurado que su formación está "realmente preocupada". "Creemos que la situación en torno a los túneles de Velate y los sobrecostes que se han venido produciendo es muy preocupante", ha afirmado.
Azcona ha reclamado directamente responsabilidades políticas y explicaciones a la presidenta. "La presidenta Chivite y también el PSN tienen que seguir dando explicaciones políticas al más alto nivel de qué ha ocurrido, cómo se han ido tomando las decisiones y cuáles pueden ser las consecuencias y qué medidas se van a poder adoptar", ha advertido.
El portavoz de Geroa Bai ha respondido además a la versión ofrecida por los socialistas, que han reprochado a sus socios sus "aspavientos de sorpresa". Azcona ha rechazado esa acusación y ha precisado que el contenido concreto del informe jurídico fue conocido por su formación unos ocho minutos antes de que el Gobierno lo hiciese público, aunque desde el lunes habían sido advertidos de la situación.
"No son aspavientos. Es la realidad de lo que ha pasado", ha respondido Azcona. Geroa Bai había pedido que cualquier fórmula utilizada para afrontar los pagos tuviese cobertura jurídica suficiente, especialmente después de las dudas existentes sobre los sobrecostes y del informe de reparo de Intervención de diciembre del año pasado.
Para Geroa Bai, la cuestión ya no consiste únicamente en conocer qué fórmula jurídica ha quedado descartada. Azcona ha planteado abiertamente la pregunta que queda sobre la mesa: "¿Y ahora qué?". Su formación quiere saber qué soluciones pretende adoptar el Gobierno y qué consecuencias puede tener la situación actual para las obras.
Azcona ha recordado que Velate constituye una infraestructura estratégica para Navarra y que existen compromisos relacionados con el cumplimiento de la normativa europea de túneles. Precisamente por eso ha concluido con una advertencia que refleja el grado de inquietud existente dentro del Ejecutivo: "Todo lo que estamos conociendo no es que vaya exactamente por el buen camino".
También Contigo-Zurekin, socio del Gobierno de Chivite, ha endurecido su posición. Su portavoz parlamentario, Carlos Guzmán, ha exigido una reunión urgente de los socios para realizar una valoración conjunta del informe de la Asesoría Jurídica y decidir cómo afrontar la situación.
Guzmán ha establecido además una línea roja especialmente clara: su formación no avalará que "se abone ni un solo euro más" si no existen las garantías necesarias. Para Contigo-Zurekin existen ahora dos prioridades: conseguir que las obras puedan continuar y garantizar "la máxima transparencia, eficacia y garantía de legalidad" en el uso de los fondos públicos.
La presión no procede únicamente de los socios que forman parte del Ejecutivo. EH Bildu, cuyo apoyo parlamentario resulta determinante para el Gobierno de María Chivite, también ha reclamado explicaciones. Su portavoz, Laura Aznal, ha pedido "rigor y seriedad" ante "la gravedad de la información" conocida sobre las obras.
EH Bildu ha solicitado además una reunión con María Chivite para conocer en detalle el estado de Velate, la posición del Gobierno ante el nuevo escenario, la actitud de las empresas frente al impago de los sobrecostes y los plazos previstos para poder retomar los trabajos.
Aznal ha querido marcar también la posición que su formación ha mantenido durante estos meses. Ha recordado que el interventor general manifestó en 2025 que los cambios planteados por las empresas respondían al interés de estas y no a imprevistos o circunstancias sobrevenidas.
Por ese motivo, EH Bildu ya manifestó en diciembre que no debía pagarse "ni un solo euro" sin el aval de Intervención. Aznal ha destacado que, hasta este momento, no se ha realizado ningún pago sin plena seguridad jurídica y ha explicado que su grupo analizará detenidamente el informe jurídico entregado por el Gobierno.
EH Bildu ha reconocido que sabía que el Gobierno estaba estudiando fórmulas alternativas para poder afrontar el modificado cuestionado de 8,3 millones de euros, pero ha puntualizado que desconocía el contenido del informe elaborado por la Asesoría Jurídica hasta que le fue entregado este miércoles.
Aznal ha insistido, pese a las controversias surgidas alrededor de la adjudicación, en que la duplicación de la N-121-A y los túneles de Velate constituye una actuación necesaria para Navarra. También ha reclamado al Gobierno que mantenga informados a los ayuntamientos afectados por el desarrollo de las obras.
Frente al creciente malestar de sus apoyos políticos, la portavoz parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, ha tratado de rebajar la crisis responsabilizando a sus propios socios de aparentar una sorpresa que, según los socialistas, no debería existir. Unzu ha asegurado que "sorprenden los aspavientos de sorpresa" porque todos ellos eran conocedores desde el lunes de las principales conclusiones del informe.
Según ha explicado la portavoz socialista, el vicepresidente primero trasladó ya el lunes por la tarde esas conclusiones durante una reunión presencial entre los socios del Gobierno. El informe completo iba a facilitarse después de la reunión que el Departamento de Cohesión Territorial tenía previsto mantener con la UTE.
La defensa socialista se apoya principalmente en diferenciar el rechazo a una fórmula concreta de pago de la imposibilidad de continuar las obras. Unzu ha subrayado que el informe jurídico no determina que las obras de Velate tengan que paralizarse definitivamente, sino que considera inadecuada la utilización del enriquecimiento injusto para pagar el modificado.
El Gobierno, según la portavoz del PSN, está analizando ahora con la UTE otras posibilidades. "La obligación de este Gobierno no es buscar atajos para pagar porque sí", ha señalado Unzu, quien ha defendido que cada euro público debe contar con cobertura jurídica y cada decisión tiene que poder justificarse con todas las garantías.
Unzu ha salido igualmente al paso de las acusaciones de Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, quien ha afirmado que Velate "huele a corrupción desde el minuto uno". La portavoz socialista ha considerado esa afirmación de una "gravedad extraordinaria" y ha retado a UPN a acudir a la Fiscalía si dispone de alguna prueba.
"Si UPN tiene alguna prueba de corrupción, que acuda inmediatamente a la Fiscalía", ha señalado. Unzu ha acusado a la formación regionalista de "sembrar sospechas" e "intoxicar" alrededor de una obra que, según ha defendido, únicamente el Gobierno de Chivite ha tenido "la valentía" de poner en marcha.
El PSN sostiene que solicitar el informe jurídico fue una decisión compartida por todos los socios y que el consejero de Presidencia únicamente formalizó su petición. Los socialistas defienden que la prioridad sigue siendo "terminar Velate bien, con todas las garantías y dentro de la más absoluta legalidad".
Sin embargo, el escenario político que ha dejado el informe resulta incómodo para María Chivite. Geroa Bai reclama explicaciones políticas al máximo nivel; Contigo-Zurekin advierte de que no respaldará un euro adicional sin garantías; y EH Bildu ha pedido reunirse directamente con la presidenta. Tres mensajes diferentes que coinciden en una misma exigencia: conocer cómo se ha llegado hasta aquí y qué solución piensa ofrecer ahora el Gobierno de Navarra.
