La parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marta Álvarez, ha denunciado que la Mesa del Parlamento de Navarra paralizó las proposiciones de ley presentadas por su grupo a pesar de que la letrada mayor del Parlamento, Silvia Doménech, no encontró en ellas ningún vicio de inconstitucionalidad.
Las iniciativas legislativas de UPN buscan impedir que personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia o trabajar en la Administración y que no se subvencione a entidades o personas que los contraten de manera continuada.
Álvarez ha destacado que el informe de la letrada mayor fue solicitado por el PSN, con el respaldo de Geroa Bai, EH Bildu y Contigo, y que sus conclusiones ratifican la constitucionalidad de las propuestas de UPN. Sin embargo, ha subrayado que la Mesa del Parlamento no tenía potestad para paralizar las proposiciones de ley, ya que, según el informe, debía tramitarlas de forma inmediata y someterlas a debate en el Pleno.
“Podían haber solicitado informes, pero nunca bloquear las proposiciones de ley. Se está vulnerando nuestro derecho de participación política”, ha afirmado Álvarez. Además, ha añadido que la letrada mayor concluye que la decisión de la Mesa del Parlamento es inconstitucional, ya que vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
Pese a que el informe se limitaba a analizar la adecuación de las iniciativas al artículo 25 de la Constitución, Doménech también incluyó una valoración sobre posibles problemas en la aplicación de las normas en caso de ser aprobadas. En este sentido, aunque reconoció la constitucionalidad de ambas, cuestionó su eficacia para alcanzar los objetivos propuestos.
Álvarez ha rebatido estas afirmaciones y ha criticado que la letrada mayor confunda el concepto de subvenciones con los conciertos educativos, asegurando que UPN en ningún momento ha planteado que su propuesta afecte a los conciertos, ya que estos no son subvenciones y cuentan con una normativa propia.
Respecto a la supuesta falta de concreción de los puestos afectados, la parlamentaria ha explicado que los textos presentados siguen el mismo criterio que la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que impide trabajar con menores a quienes han sido condenados por agresión sexual.
"Nuestra propuesta no crea inseguridad jurídica, sino todo lo contrario", ha señalado Álvarez, defendiendo que la delimitación de los puestos debe hacerse caso por caso, para evitar una aplicación indiscriminada que sí podría generar problemas constitucionales.
En relación con la modificación del Estatuto de la Función Pública, la letrada mayor también advirtió sobre posibles conflictos en el acceso a la docencia, dado que los docentes forman parte de un cuerpo estatal. En su informe, Doménech sugiere que establecer un requisito de acceso específico en Navarra podría generar complicaciones en los concursos de traslado estatales.
No obstante, Álvarez ha defendido que no hay ilegalidad alguna en establecer requisitos específicos para acceder a una plaza en Navarra, comparándolo con los criterios lingüísticos que ya se exigen en la Comunidad Foral y en otras regiones para determinados puestos.
Además, ha anunciado que UPN llevará esta propuesta al Congreso de los Diputados para impulsar una medida similar a nivel nacional.
"Navarra no debe esperar a lo que decidan en Madrid. Tenemos competencias, la proposición de ley encaja en el marco constitucional y es necesario actuar para evitar que en el futuro nuestros hijos sean educados por personas que, por su pasado, no están capacitadas para ello", ha concluido.
