La moción de Vox sobre Ceuta y Melilla ha sido rechazada este jueves por el Parlamento de Navarra, después de que Emilio Jiménez haya defendido un amplio paquete de medidas ante la situación registrada en Ceuta. La iniciativa únicamente ha recibido el respaldo de Vox, mientras que el resto de grupos ha votado en contra. La Cámara foral tenía convocado Pleno este jueves y entre las iniciativas registradas figura una propuesta del Grupo Mixto relativa a la defensa y seguridad de Ceuta y Melilla.
El parlamentario Emilio Jiménez, en nombre de Vox, ha centrado su intervención en reclamar devoluciones, un mayor despliegue militar y responsabilidades al Gobierno de España. Por su parte, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin no han hecho uso de su turno de palabra, como ocurre habitualmente durante los debates de las mociones planteadas por Vox.
Jiménez ha afirmado que "la entrada masiva y violenta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos no es una crisis migratoria, humanitaria" ni "un simple problema de orden público". A su juicio, lo sucedido "desbordó una ciudad española" y "alteró gravemente la seguridad, la convivencia y los servicios públicos".
El representante de Vox en Navarra también ha criticado lo que considera "la pasividad del gobierno español" ante estos hechos. "Por eso queremos llevar a Pedro Sánchez por delito de alta traición. Porque sabía perfectamente lo que iba a pasar y ha mirado para otro lado", ha apuntado Emilio Jiménez.
La moción de Vox sobre Ceuta y Melilla reclamaba al Gobierno de España la "inmediata devolución de todas las personas" que, según el texto de la formación, participaron en la "agresión marroquí" que llevó a más de 100.000 personas a entrar en Ceuta. Además, exigía a Marruecos la readmisión efectiva de todas ellas.
El texto reafirmaba igualmente que "Ceuta y Melilla son irrevocablemente España" y que su soberanía "no es negociable ni está sometida a discusión". Vox defendía que cualquier ataque contra cualquiera de las dos ciudades supone "un ataque contra toda España".
La propuesta también incluía la "condena" de lo que Vox define como una "invasión y ataque mediante actos de guerra híbrida" por parte de Marruecos. A partir de esa consideración, reclamaba al Gobierno de España que exigiera a Rabat una declaración pública e inequívoca de respeto a la soberanía e integridad territorial española.
Otro de los puntos dirigía sus críticas al Gobierno de España, al que Vox acusaba de no haber actuado pese a haber sido advertido por los servicios de información. La moción sostenía que el Ejecutivo, "en lugar de defender nuestra soberanía, ha sido cómplice".
La iniciativa llegaba incluso a plantear que concurrían los presupuestos contemplados en el artículo 102.2 de la Constitución para formular una acusación por delito de traición o contra la seguridad del Estado contra Pedro Sánchez y otros miembros de su Ejecutivo. Jiménez ha defendido este punto durante su intervención ante el Parlamento de Navarra.
En materia de defensa, Vox reclamaba mantener durante el tiempo necesario la presencia y el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla. El texto solicitaba además incrementar efectivos, medios e infraestructuras militares y preparar protocolos ante posibles agresiones convencionales, híbridas o instrumentales.
La moción de Vox pedía también mantener cerrados los pasos fronterizos con Marruecos mientras no existieran garantías "públicas, suficientes, verificables y efectivas" de que no se repetiría una situación semejante. Asimismo, planteaba reforzar las fronteras de Ceuta y promover actuaciones contra quienes hubieran organizado, financiado o facilitado los hechos denunciados por la formación.
Otro apartado proponía suspender la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, firmado en 1991, si no se producía una rectificación de las actuaciones o reivindicaciones consideradas hostiles por Vox. La propuesta contemplaba también medidas diplomáticas como convocar a los respectivos embajadores.
En caso de persistir la situación descrita por la formación, Vox planteaba retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador marroquí en Madrid. También reclamaba sanciones y contramedidas, la suspensión de ayudas públicas españolas a Marruecos y la revisión de diferentes acuerdos entre la Unión Europea y el país norteafricano.
La moción expresaba además el "total apoyo y la plena solidaridad" con las familias de Ceuta y Melilla y reconocía el trabajo de militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta. Vox reclamaba al Gobierno central adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad y la convivencia.
Desde UPN, Javier Esparza ha defendido que Ceuta y Melilla son españolas y ha reclamado protección de las fronteras y la devolución de las personas que hayan entrado ilegalmente, pero "conforme a la legalidad internacional". También ha denunciado la "falta de previsión" y la "nula firmeza" del Gobierno de España.
Por su parte, Javier García, del PPN, ha explicado que su formación no podía compartir distintos aspectos del texto porque contenía "deficiencias". El parlamentario popular ha defendido garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla, aunque "desde el rigor, desde la responsabilidad y sobre todo sobre el respeto del marco legal", y alejándose de cualquier planteamiento que ha considerado "populista".
