Un agente inmobiliario afronta esta semana en Pamplona dos juicios por una sucesión de operaciones con viviendas y locales en las que la Fiscalía sostiene que se quedó, no devolvió o no entregó a sus destinatarios más de 275.000 euros. Los dos escritos de acusación recogen reclamaciones económicas para 20 personas y una sociedad civil, además de otro episodio cuyos herederos han renunciado a las acciones civiles y penales. La acusación pública reclama contra el hombre cuatro penas de prisión en dos procedimientos diferentes: suman 20 años y 4 meses en el primero y otro de 6 años en el segundo.
En la causa principal, el Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito continuado de estafa, un delito continuado de apropiación indebida y un delito de falsedad de documento mercantil. Pide 9 años de cárcel por la estafa, otros 9 años por la apropiación indebida y 28 meses por la falsedad. En el segundo juicio, referido exclusivamente a otra operación inmobiliaria en Viana, solicita 6 años de prisión por apropiación indebida agravada por recaer sobre una vivienda.
Según el primer escrito de acusación, el acusado, de nacionalidad española y administrador único de una inmobiliaria, habría desarrollado entre 2021 y 2024 distintas operaciones en las que recibió cantidades para reservas de viviendas, contratos de arras o gastos de compraventa. La Fiscalía sostiene que en unos casos el dinero no llegó a vendedores o compradores, en otros no fue devuelto cuando la operación fracasó y, en varios episodios, se entregaron cheques o pagarés que después no pudieron cobrarse por falta de fondos.
Las cantidades más elevadas que aparecen en esta primera causa son 45.000 euros entregados para adquirir una vivienda en Lodosa que, según la acusación, el comprador no recibió; 32.250 euros en arras que debían entregarse a los vendedores de un local de Viana; 27.000 euros abonados para una vivienda en Yécora (Álava); 25.000 euros correspondientes a otra venta en Ubago; y 25.167,21 euros que la Fiscalía considera apropiados en las gestiones de dos operaciones realizadas por los mismos clientes en Viana.
A esas cantidades se añaden operaciones por 20.000 euros en Estella, 18.650 euros en Sartaguda, 12.000 euros en Los Arcos, otros 12.000 euros vinculados a una segunda vivienda de esa misma localidad y 12.275,40 euros correspondientes a unas arras de una operación en Aras, una vez descontada la comisión de la inmobiliaria. En este último episodio se entregó un pagaré que resultó impagado; posteriormente, los herederos afectados renunciaron a ejercitar acciones civiles y penales.
El escrito también recoge cantidades menores, pero que elevan el importe global por encima de los 275.000 euros al sumar ambos procedimientos. Entre ellas figuran 8.328,91 euros no devueltos tras una operación en Lodosa, 9.003,50 euros que debían recibir dos vendedores en Viana, 4.564,77 euros correspondientes a gastos de otra compraventa en esa localidad y 4.000 euros entregados para reservar una vivienda en Mendavia cuya venta finalmente no se realizó.
La Fiscalía presta especial atención a dos operaciones realizadas en Los Arcos con viviendas pertenecientes a una promotora. En una de ellas, dos compradores entregaron 12.000 euros después de firmar un contrato de reserva y la acusación sostiene que el inmobiliario actuó pese a saber que no tenía autorización de la propiedad. En otra, se abonaron también 12.000 euros y el acusado habría presentado como propia una vivienda que pertenecía a esa misma promotora.
Sobre esta segunda vivienda, la acusación añade que en febrero de 2024 el acusado elaboró un contrato de arrendamiento con opción de compra y lo firmó en nombre de la promotora sin su conocimiento ni consentimiento. Este episodio es el que sustenta la acusación por falsedad de documento mercantil, por la que la Fiscalía solicita los 28 meses de prisión.
Por el delito continuado de estafa, la Fiscalía pide 9 años de prisión, una multa de 15 meses a razón de 15 euros diarios y 5 años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con el sector inmobiliario. Por el delito continuado de apropiación indebida reclama otros 9 años de cárcel, otra multa de 15 meses con la misma cuota diaria y otros 5 años de inhabilitación.
A estas penas añade los 28 meses de prisión por falsedad documental, una multa de 11 meses a razón de 15 euros diarios y otros 5 años de inhabilitación para actividades inmobiliarias. Las tres penas privativas de libertad de esta primera causa suman así 20 años y 4 meses. La Fiscalía aprecia además la agravante de reincidencia en varios de los episodios.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama al acusado indemnizaciones que van desde los 4.000 hasta los 45.000 euros. Entre las principales figuran 45.000 euros, 32.250 euros, 27.000 euros, 25.167 euros, 25.000 euros, 20.000 euros, 18.650 euros, dos reclamaciones de 12.000 euros, 8.328,91 euros, dos cantidades de 4.501,75 euros, 4.564,77 euros y 4.000 euros. Además, solicita el reintegro de 856,72 euros, 600 euros, 374,80 euros y 118,12 euros por gastos generados por pagarés o cheques devueltos y por documentación que los perjudicados tuvieron que obtener. Todas las cantidades deberán incrementarse con los intereses correspondientes si existe condena y la inmobiliaria figura como responsable civil subsidiaria.
El segundo juicio se centra únicamente en otra operación realizada en Viana. Según la Fiscalía, el 29 de marzo de 2023 compradores y vendedores firmaron un contrato de arras y los compradores ingresaron 20.000 euros destinados a los propietarios en una cuenta de la que era titular el acusado. La compraventa finalmente no se llevó a cabo y la acusación sostiene que el inmobiliario se quedó con el dinero y no lo devolvió.
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye un delito de apropiación indebida agravado por recaer sobre una vivienda, con la agravante de reincidencia, y solicita 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios.
La acusación reclama también 20.000 euros de indemnización para los compradores, salvo que se determine que ese dinero llegó a destinarse a la compra de la vivienda y que quienes sufrieron finalmente el perjuicio fueron los vendedores. En ese supuesto, la Fiscalía pide que los 20.000 euros sean entregados a estos últimos.
