Hace un año, en la tarde del 13 de enero de 2025, una doble explosión de gas rompió la calma en la calle Concejo de Zabalegui, en Noáin. El estallido dejó nueve personas heridas —dos de ellas graves—, destrozó varias viviendas y obligó a desalojar a cerca de 250 vecinos.
Doce meses después, el ruido ya ha desaparecido. Pero el impacto sigue ahí. Una docena de familias continúa sin poder volver a casa y la investigación policial aún no ha aclarado qué ocurrió exactamente.
La primera deflagración se produjo hacia las 15.35 horas. Tras ese primer estallido, se ordenó un desalojo preventivo de parte de la urbanización. La situación, en apariencia, quedó contenida durante un tiempo.
Sin embargo, al caer la tarde llegó el golpe más duro. Cuando se permitió a algunos vecinos entrar unos minutos en sus viviendas para recoger ropa y lo imprescindible antes de pasar la noche fuera, se registró una segunda explosión, mucho más potente, alrededor de las 18.00 horas. Dos viviendas quedaron destrozadas y varios bloques cercanos sufrieron daños graves.
Los restos del edificio salieron despedidos hasta la autovía cercana. También aplastaron vehículos aparcados. Los vecinos describieron entonces la escena como “terrorífica”.
El balance humano fue serio. Siete personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra. Entre ellas, un joven de 22 años y una menor de 13 ingresaron en la UCI. Otras dos personas fueron atendidas en el centro de salud por ansiedad e inhalación de humo.
La explosión se atribuyó a una fuga de gas. El suministro se cortó de forma definitiva y la zona quedó precintada.
Con el paso de las semanas, parte de la vida volvió a su sitio. De las 120 viviendas desalojadas inicialmente, alrededor de un centenar se reocupó tras restablecer el agua y la electricidad.
Pero los portales más próximos al epicentro quedaron marcados por daños estructurales muy importantes. Siguen vacíos. En esos edificios, entre diez y doce viviendas van a necesitar una reconstrucción casi completa. Sus propietarios siguen fuera y, a día de hoy, no hay una fecha clara de regreso.
Mientras tanto, la rutina de los afectados se ha repartido entre hoteles, casas de familiares y pisos de alquiler.
A la incertidumbre de no tener hogar se sumó otra: la falta de respuestas sobre las causas. La investigación conjunta de la Policía Foral y la Guardia Civil continúa abierta y no se han hecho públicas conclusiones definitivas.
En su momento, la entonces consejera de Interior, Amparo López, explicó que la empresa suministradora comunicó a los servicios de emergencia que no existía riesgo de emisión de gas. Ese aviso influyó en la decisión de permitir el acceso puntual de algunos vecinos a sus casas. La segunda explosión, sin embargo, puso en cuestión esa valoración inicial y abrió un proceso que, un año después, sigue sin resolverse.
Esa falta de un responsable claro también tuvo un efecto práctico. Aunque muchas pérdidas —coches, viviendas o enseres— estuvieran aseguradas, varias compañías pidieron que se determinara quién causó la explosión para pagar el valor de lo perdido. Con la investigación aún sin cerrar, hay afectados que no han cobrado todavía.
En Noáin, la explosión dejó algo más que daños materiales. Dejó un recuerdo difícil de borrar. Muchos vecinos siguen teniendo claro dónde estaban cuando escucharon el estruendo que se oyó en todo el pueblo.
Un año después, las obras avanzan con lentitud y la investigación sigue su curso. Y, mientras tanto, el municipio continúa esperando lo mismo: respuestas y el regreso definitivo de quienes aún no han podido volver a casa.
