La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra ha visitado este martes, junto a la de Interior, Función Pública y Justicia, el centro penitenciario de Pamplona, que a día de hoy alberga una población reclusa de 415 personas personas (28 de ellas mujeres), la mayoría en segundo grado o tratamiento ordinario (47 en tercer grado), con una condena media de tres años.
La delegación del Legislativo foral ha sido recibida por Pedro Lacal, director de la cárcel, y ha estado acompañada por Libertad Francés (Salhaketa) y María Lourdes Chasco (Gaztelan).
La visita, cursada a petición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, tenía por objeto conocer las dependencias de la prisión, en funcionamiento desde el 15 de junio de 2012, y comprobar su idoneidad para el desarrollo de políticas de reeducación y reinserción social, incluidas las actividades de apoyo asumidas por organizaciones como Salhaketa y Gaztelan, que han asistido en representación del conjunto del voluntariado y las entidades sociales que operan en ese ámbito.
En el transcurso de la visita, Pedro Lacal, al frente del centro desde agosto de 2022, ha insistido en que "el problema de la cárcel de Pamplona es que la población reclusa (353 en 2020, 480 en 2023) ha crecido mucho y la plantilla está infradotada". "Por un lado, está el hecho de que penamos mucho, hacemos las penas eternas, se pretenden resolver ciertos problemas sólo por la vía penal. Por otro lado, sucede que nos hemos convertido en el reservorio del País Vasco. Los internos que no admiten, por cercanía, acaban aquí. Soportamos una carga que no nos corresponde", ha informado.
En relación con el "excepcional" incremento de internos, Pedro Lacal ha demandado recursos para poder aplicar el protocolo CIS (Centro de Inserción Social), un reglamento que, en función del contexto social o familiar de aquellos condenados a menos de cinco años, permite el acceso directo al tercer grado. "Es una forma de evitar estancias en prisión innecesarias. Hay que tener en cuenta que el 80,02% de los presos no reincide", ha comentado.
A ese respecto, Libertad Francés (Salhaketa) y María Lourdes Chasco (Gaztelan) han subrayado la importancia de generar recursos sociales para completar el trabajo de preparación a la libertad que pueda hacerse en las prisiones. "Hacen falta programas de inserción socio-laboral, de rehabilitación (adicciones) y de otra índole (educadores, pisos de acogida, etc.) para que la población reclusa pueda salir. Hay que favorecer la clasificación en tercer grado, algo que ahora, con el CIS cerrado, resulta imposible", han corroborado.
En ese marco, Libertad Francés ha urgido a acelerar la asunción de la competencia penitenciaria, porque entonces "la responsabilidad de dotar la cárcel en condiciones recaería en el Gobierno de Navarra".
Pedro Lacal, por su parte, ha concluido destacando la atención sanitaria, las posibilidades formativas (5 universitarios y tres preparando el acceso) y las opciones de trabajo en la cárcel de Pamplona, donde como en el resto de los presidios la conflictividad va asociada al ratio de internos. "Tenemos dos módulos donde se superan las cien personas y todo lo que sea más de 90 es problemático. A ver si nos podéis echar una mano con eso", ha inquirido.
El recorrido a las diversas dependencias de la cárcel ha finalizado con una visita al módulo de mujeres y una reunión posterior, tras la que los integrantes de ambas comisiones han agradecido las explicaciones y han hecho acopio de información para, dado el caso, proceder a la adopción de las iniciativas que estimen precisas.
Ubicadas en una superficie construida de 75.530 metros cuadrados, las instalaciones del centro penitenciario de Pamplona exigieron una inversión de 115,5 millones de euros. Cuentan con 504 celdas con dos literas, distribuidas en 10 módulos residenciales y 120 plazas complementarias repartidas entre un módulo en régimen cerrado, uno de ingresos, salidas y tránsitos y otro de enfermería. Los trabajos de construcción en el cerro de Santa Lucía comenzaron en enero de 2009.
