El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha confirmado que la empresa Ecofert Sansoain ha recibido ilegalmente lixiviados líquidos de la planta de tratamiento de residuos de Guipúzcoa, en concreto 2.100 toneladas en 2022 y 3.400 más en 2023.
La empresa de Artajona ha incumplido la autorización ambiental integrada, ha afirmado Aierdi, por lo que el Departamento ha decretado el cierre cautelar de la instalación y la apertura de expedientes sancionadores.
Los lixiviados son líquidos que se generan al pasar a través de residuos sólidos, como puede suceder en una planta incineradora. Estos líquidos pueden contener sustancias tóxicas y deben gestionarse adecuadamente para evitar impactos ambientales negativos.
El Ejecutivo foral comunicó el pasado mes de diciembre que la empresa Ecofert Sansoain de Artajona estaba recibiendo residuos líquidos con códigos incorrectos del complejo medioambiental de Guipúzcoa, en Zubieta, que incluye una incineradora.
Ante la posibilidad de recibir lixiviados disfrazados como lodos, se inició un expediente de investigación por parte de los inspectores navarros. Simultáneamente, la Guardia Civil, a través del Seprona, inició una investigación dirigida por un juzgado de San Sebastián, que tiene una pieza penal abierta sobre la gestión de la incineradora.
En ese sentido, el consejero ha aclarado que “este expediente no surge de denuncias públicas ni de solicitudes de información del Seprona, sino como parte de un proceso ordinario de control”.
Aierdi ha explicado que la codificación del residuo enviado a Artajona se realiza en origen, pero “lo crucial en este suceso es que se trata de un residuo líquido, que, independientemente de la codificación, no debería haber sido aceptado por las instalaciones”.
A principios de 2023, tras recibir un aviso anónimo sobre residuos líquidos aplicados al terreno, se llevó a cabo una inspección en la instalación de la empresa, ha detallado. En ella, se observó que la balsa de decantación estaba llena y el líquido se desbordaba continuamente a una acequia cercana, por lo que se multó a Ecofert Sansoain con 20.001 euros.
En marzo, el transporte no autorizado de lixiviados llevó a un informe de inspección, tras el cual se instó a la empresa a cesar la recepción de residuos, enviar la balsa de lixiviados a un gestor y procesar el material, ha apuntado. Posteriormente, se inició un expediente sancionador de hasta 50.000 euros.
Según el consejero, una nueva inspección en noviembre con Policía Foral volvió a detectar deficiencias, por lo que en enero de este año el Departamento ordenó cesar la recepción de residuos e interpuso una nueva sanción de 40.000 euros, además de la paralización de la actividad hasta subsanar deficiencias.
En el turno de los grupos, Miguel Bujanda (UPN) ha calificado los hechos como “un auténtico despropósito desde el origen hasta el final”. “Una empresa pública perteneciente a la Diputación de Guipúzcoa comete una ilegalidad flagrante”, ha denunciado, algo “inusitado, un auténtico disparate”.
Carlos Mena (PSN) ha asegurado que “la situación es de máxima preocupación” y ha criticado que “UPN utilice esta cuestión tan seria y sensible para intentar cargar contra el PSOE”. “Es un tema que está siendo investigado y juzgado”, ha zanjado.
Por su parte, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha comentado que “me da la sensación que el Departamento no se entera hasta el 15 de diciembre, y se comprueba en ese momento que los lixiviados, como lodos, provienen de la planta incineradora de Zubieta”. “El control interno ha fallado”, ha criticado.
Pablo Azcona (Geroa Bai) ha recalcado que “el Departamento ha actuado con diligencia y bastante rapidez". Navarra "ha hecho lo que tenía que hacer, es la empresa quien ha incumplido”, ha dicho.
“Ha habido ausencia de control en el contrato que se firma con la incineradora”, ha denunciado Javier García (PP), quien ha señalado que “la actitud del PNV en el País Vasco es preocupante”, al igual que la “falta de control absoluto”.
Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha apuntado que “hace falta una mayor coordinación entre administraciones y perfeccionar los mecanismos de control”, y Emilio Jimenez (Vox) ha asegurado que “debido a la gravedad, la paralización se debería haber realizado mucho antes, el cierre cautelar de la empresa”.
