La Policía Nacional ha apuntado en un informe a cuatro exjefes de ETA que formaban parte del comité ejecutivo que "ordenó" a sus miembros en 1997 tener como "objetivo prioritario atentar contra representantes políticos", sobre todo del PP, y ha concluido que los miembros de ese órgano no dieron la orden de liberar al exedil Miguel Ángel Blanco "pudiendo haber impedido su asesinato".
Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Comisaría General de Información de la Policía en un informe de inteligencia, al que ha tenido acceso EFE este jueves, que ha sido remitido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga a estos cuatro exdirigentes etarras -Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Soledad Iparaguirre, Anboto; Mikel Albisu, Mikel Antza; y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri.
En la línea de otro informe policial que también obra en la causa, la Policía ha determinado que el comité ejecutivo de ETA -donde encuadra a los cuatro- "ejercía la dirección del grupo y marcaba su estrategia", que, entre 1995 y 1998, pasó por la "desestabilización" y por intentar conseguir "una confrontación mucho más intensa con el Estado.
ETA marcó como "objetivos directos" de su actividad terrorista a representantes políticos, "destacando a los miembros y líderes" del PP, y el comité ejecutivo, a través del aparato militar, "ordenó a sus comandos que tuvieran" a estos "como objetivo prioritario", Miguel Ángel Blanco, dice el informe, "devino en objetivo" de ETA "en su totalidad, y no solamente del comando Donosti (que fue el que perpetró el atentado), precisamente por ser miembro del PP.
Y precisa que los miembros del comité ejecutivo "no dieron la orden" de ponerlo en libertad durante las 48 horas que duró su secuestro, "pudiendo haber impedido su asesinato", dado que "estaban en situación de plena conciencia de su posición de mando y teniendo el pleno dominio sobre el actuar de sus comandos armados".
Precisamente el juez investiga la presunta responsabilidad de los cuatro exjefes de ETA en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, en concreto si pudieron haber impedido el crimen o si directamente lo ordenaron.
Los agentes precisan que el comité ejecutivo tenía "la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista" y, en el caso de "pretender atentar contra objetivos especiales", la dirección de ETA "tenía que dar su autorización".
"En cuanto al asesinato de políticos/concejales del PP, existió orden expresa a una generalidad de comandos, entre ellos el Donosti", añade.
Porque la estructura de ETA no sólo era "sumamente estructurada y jerarquizada", sino que la Policía también destaca su naturaleza casi "militar": las órdenes se acataban en la convicción de que no era una imposición personal, sino que "respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización", el comité ejecutivo, y existía una "férrea disciplina" para evitar "traiciones, deserciones" o "dilaciones.
Es más, subraya el informe, "en alguna ocasión la decisión fue la ejecución del militante". El modo de actuar era el siguiente: los miembros de ETA tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas, quien a su vez trasmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo.
Este órgano o comité ejecutivo estaba integrado por "los principales responsables" de los aparatos en los que estaba estructurada la banda, en el caso del año del atentado, el aparato militar, logístico y político. Los "máximos responsables" de dichos aparatos en 1997 eran los cuatro exjefes de ETA investigados en esta causa, según el informe.
La Policía ha elaborado este informe tras un año investigando y analizando archivos y fondos documentales derivados de declaraciones de miembros de ETA o resoluciones y sentencias judiciales, otros informes de inteligencia, así como documentación orgánica incautada a la organización terrorista.
