La Cámara de Comptos ha cuestionado este martes las últimas ayudas públicas concedidas a la empresa Sunsundegui por parte de Sodena, al considerar que “no respondían a criterios de buena gestión de fondos públicos” debido a su alto riesgo financiero.
Así lo ha expresado el presidente del organismo, Ignacio Cabeza, en su comparecencia parlamentaria para presentar el informe de fiscalización sobre las aportaciones realizadas entre 2009 y 2024, que suman un total de 49 millones de euros.
Cabeza ha recordado que las dos últimas ayudas, aprobadas por el Parlamento de Navarra en 2023 y 2024, ascendieron a 9 millones de euros, y se concedieron “considerando fundamentalmente razones socioeconómicas”. No obstante, ha advertido que “la evolución de la compañía mostraba un elevado riesgo”, por lo que las decisiones no se sustentaban en criterios financieros sólidos.
Sin compromisos de los accionistas ni socio industrial
El presidente de Comptos ha llamado la atención sobre la falta de implicación financiera de los accionistas y el apoyo continuado a lo largo del tiempo a una empresa “de esta naturaleza”, pese a no haber contado finalmente con un socio industrial que garantizara la viabilidad del proyecto. Ha señalado que en abril de 2025, ante la falta de inversores, se solicitó el despido colectivo del personal.
En su intervención ha recalcado que la auditoría se ha centrado en las aportaciones realizadas por Sodena, y no en la gestión interna de Sunsundegui. Ha destacado, además, que la mayor parte del dinero público aportado se concentró en 2013 (35 millones). Las últimas transferencias fueron 3 millones en 2023 y 6 millones en 2024, ambas aprobadas por el Parlamento.
Planes de viabilidad que no se cumplieron
Según el informe, las ayudas se fundamentaron en informes técnicos y planes estratégicos, pero los datos reales difieron notablemente de las previsiones, especialmente en dos periodos clave: 2009-2013 y 2023-2024. La compañía, ha indicado Cabeza, no generaba flujo de caja suficiente, tenía problemas de tesorería y una alta probabilidad de quiebra.
Comptos recomienda que, en futuras situaciones similares, se exija un compromiso financiero a los accionistas, se limite la duración de las ayudas públicas y se informe a la Comisión Europea cuando puedan constituir ayudas de Estado.
Duro debate parlamentario sobre responsabilidad y opacidad
El informe ha provocado un intenso debate en la Cámara. Desde el PPN, Maribel García Malo ha criticado que el Parlamento aprobara 9 millones de euros “para un proyecto que acabó en disolución apenas meses después”, lamentando la falta de autocrítica y lo que calificó como una “opacidad terrible” en la información facilitada.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno y ha afirmado que “no se puede pasar de pedir 6 millones en mayo a entrar en concurso de acreedores en noviembre”.
Desde el PSN, Javier Lecumberri ha defendido la decisión como una apuesta arriesgada pero justificada por razones socioeconómicas, señalando que “había una cierta solvencia y visos de que podía salir adelante”.
En nombre de EH Bildu, Laura Aznal ha recordado que todos los gobiernos, de todos los colores, han apoyado a Sunsundegui, a pesar de los riesgos, por el objetivo de mantener el empleo de cientos de trabajadores.
Por su parte, Mikel Asiáin (Geroa Bai) ha subrayado que no solo el Gobierno apoyaba la operación, sino que había respaldo financiero externo, vinculado a una firma interesada en adquirir los autobuses que la empresa iba a fabricar.
Contigo-Zurekin y Vox han coincidido en que se actuó tarde. Para Miguel Garrido, “se intervino cuando ya era demasiado tarde” en una empresa “que estaba mal gestionada”. Mientras, Emilio Jiménez ha afirmado que “entre todos la mataron, ella sola se murió”, señalando que se perseveró en un error ya anunciado.
