La Policía Nacional de Navarra ha detenido a once personas como presuntas autoras de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició al constatar el elevado número de peticiones de residencia y trabajo relacionadas con una misma empresa. Las solicitudes fueron presentadas en diferentes provincias con el fin de dificultar que se descubriera la trama, según ha informado la Policía Nacional.
Un empresario presuntamente entregaba a cambio de importantes cantidades de dinero precontratos y contratos para poder iniciar los trámites de regularización de la situación administrativa de personas de nacionalidad marroquí. Con esta operación, la Policía Nacional da por desarticulado este entramado delictivo.
La operación policial, denominada 'Charco', ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, dirigidos por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona.
Los investigadores comprobaron la existencia de múltiples solicitudes de permisos de trabajo y otros documentos relacionados con un nexo en común, una empresa cuyo administrador mercantil negó cualquier tipo de vinculación con los contratos que daban inicio a los trámites, dando a los policías varIas razones ambiguas de por qué su empresa salía como contratante de esos extranjeros.
A pesar de esto, los investigadores siguieron obteniendo pruebas e indicios que pudieran dar luz a los múltiples contratos falsos que aparecían en las peticiones recogidas en las oficinas de extranjería.
Después de un tiempo de investigación, se pudo comprobar cómo dicho empresario presuntamente había creado una red que contaba con varias empresas para dar cobertura a su actividad criminal, utilizando dentro de la organización a ciudadanos marroquíes para contactar con personas en situación administrativa irregular ofreciéndoles solucionar este problema, según ha explicado la Policía Nacional. Para ello, la organización solicitaba cantidades de entre 10.000 y 12.000 euros, siendo habitual la petición de un anticipo de entre 2.000 y 5.0000 euros en el acto de entrega del primer precontrato de trabajo.
Con estos contratos fraudulentos los extranjeros iban a abogados especializados, sin vinculación con la red, para iniciar los trámites pertinentes.
En caso de que con este primer precontrato no se consiguiera de manera positiva la solicitud de residencia y trabajo, se le entregaba un segundo contrato, para que lo presentara en otra provincia distinta para evitar sospechas por parte de los funcionarios de las oficinas de extranjería.
