La Fiscalía de Navarra ha solicitado cuatro años y medio de prisión y la expulsión de España durante diez años para un hombre acusado de dirigir un punto de venta de droga en el partido judicial de Tafalla, dentro de la Merindad de Olite.
El caso llega este jueves al Palacio de Justicia de Pamplona, donde se celebrará el juicio contra el procesado. El Ministerio Público sostiene que su actividad suponía un delito contra la salud pública y reclama, además de la pena de cárcel, una multa de 2.500 euros.
La investigación se remonta a octubre de 2024, cuando la Policía Foral puso en marcha un dispositivo de vigilancia sobre el sospechoso tras detectar movimientos compatibles con el tráfico de drogas a pequeña escala. Según el escrito de acusación, los agentes lograron documentar varias operaciones en la vía pública de la localidad en la que residía.
La primera de esas ventas, siempre según la versión del fiscal, se produjo en la tarde del 6 de noviembre, cuando el acusado habría vendido cerca de seis gramos de anfetamina y una dosis de cocaína a dos compradores distintos. Apenas un día después, el operativo policial volvió a presenciar otra supuesta venta de anfetamina, lo que reforzó la sospecha de que la actividad no era esporádica.
El avance de la causa llegó el 21 de noviembre de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Tafalla autorizó la entrada y registro en la vivienda del investigado. En ese domicilio, los agentes encontraron distintas sustancias y material que, para la acusación, evidenciaban una estructura orientada a la distribución.
En concreto, fueron intervenidos 30,7 gramos de cannabis, 74,88 gramos de resina de cannabis y varias partidas de anfetamina que sumaban casi 9 gramos adicionales. Junto a la droga, la Policía halló también tres básculas de precisión, recortes de bolsas de plástico preparados para el empaquetado y 90 euros en efectivo, cantidad que el fiscal vincula presuntamente a las ventas realizadas ese mismo día.
Desde el punto de vista jurídico, la Fiscalía encuadra los hechos en un delito contra la salud pública, al considerar que se trata de sustancias que causan un grave daño a la salud. Además de la prisión y la multa, reclama la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el comiso definitivo de la droga y del dinero intervenidos.
El escrito añade también una precisión sobre el pago de la sanción económica. En caso de no abonar la multa de 2.500 euros, el acusado tendría que cumplir un día de privación de libertad por cada 150 euros impagados, conforme a la figura de la responsabilidad personal subsidiaria.
Uno de los puntos más relevantes de la acusación se centra en la posible aplicación del artículo 89 del Código Penal. La Fiscalía ha pedido que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de diez años, al encontrarse el procesado en situación administrativa irregular.
Para garantizar esa medida, el Ministerio Público solicita que, si finalmente hay condena, el acusado ingrese o permanezca en un centro penitenciario mientras se tramitan los expedientes necesarios para ejecutar la expulsión, que debería materializarse en un plazo máximo de treinta días.
En el juicio está previsto que declaren siete agentes de la Policía Foral y varios peritos farmacéuticos. La Fiscalía ha pedido además la destrucción de las sustancias incautadas una vez se conserven las muestras imprescindibles para la celebración de la vista oral.
