La defensa del exsecretario de Organización del PSOE denuncia la demora de la UCO y alerta del impacto mediático de datos económicos aún no confirmados.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido al Tribunal Supremo que acelere el análisis de su patrimonio para proteger su presunción de inocencia, al considerar que la demora en los informes está consolidando como ciertas informaciones que, a su juicio, son inexactas.
Así lo ha expuesto su defensa en un escrito dirigido al magistrado que instruye el conocido como caso Koldo, en el que reclama un “impulso procesal” para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue cuanto antes el informe patrimonial que afecta al exdiputado navarro y a su entorno familiar.
Los abogados de Cerdán han advertido del “evidente impacto” que la investigación está teniendo en la opinión pública, al entender que la falta de concreción sobre los datos económicos ha provocado que determinadas sospechas se asienten “como verdad oficial” sin que exista, por ahora, material probatorio que confirme su culpabilidad.
En el escrito, la defensa ha subrayado que desde que se conoció el informe que apuntaba a una presunta implicación de Cerdán en la trama, se han publicado “todo tipo de atribuciones delictivas” contra él y su familia. Según han señalado, estas informaciones no proceden solo de interpretaciones mediáticas, sino de datos recogidos parcialmente en atestados policiales y resoluciones judiciales.
Por este motivo, los letrados consideran “ineludible” que el Supremo requiera a la mayor brevedad posible a los investigadores para que incorporen al procedimiento el resultado completo y definitivo de la investigación patrimonial, con el fin de aclarar las cifras y extremos que se han difundido.
La defensa ha insistido en que no existe “otra alternativa” para corregir esta situación, ya que la vía civil para proteger el derecho al honor no sería eficaz. A su juicio, muchas publicaciones se limitan a reproducir, bajo la fórmula del reportaje neutral, lo contenido en autos judiciales y documentos policiales.
Como ejemplo, el escrito cita el auto en el que se acordó el ingreso en prisión provisional de Cerdán el pasado mes de junio —medida que fue revocada en noviembre—, en el que se apuntaba que podría haber recibido al menos 4,5 millones de euros. Los abogados reclaman que esa afirmación sea confirmada o descartada expresamente por la Policía Judicial.
En la misma línea, la defensa ha negado que Cerdán sea titular del 45% de la empresa Servinabar, a la que la investigación señala como una supuesta sociedad pantalla para el cobro de sobornos ligados a adjudicaciones de obra pública. También rechazan que dicha mercantil tenga ese carácter instrumental.
En uno de sus últimos informes, la UCO sostiene que Cerdán y su entorno familiar se habrían beneficiado de Servinabar mediante el cobro de nóminas, alquileres de viviendas y el uso de una tarjeta de crédito, dentro de las actuaciones que investiga actualmente el Tribunal Supremo.
