La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra tiene va a celabrar esta semana en Pamplona un juicio contra un hombre de origen colombiano para quien la Fiscalía de la Comunidad Foral solicita una condena de diez años de prisión por un delito de agresión sexual. El escrito de conclusiones sitúa los hechos en el verano de 2024, describiendo un escenario de especial vulnerabilidad que implica a una menor de 14 años que se encontraba en ese momento bajo un régimen de protección por parte del Gobierno de María Chivite.
De acuerdo con el relato que sostiene la acusación de la Fiscalía, el procesado entabló contacto con la víctima en la calle el 10 de agosto de 2024. La joven, nacida en 2010, se hallaba entonces fugada de un centro de acogimiento del Gobierno de Navarra de la comarca de Pamplona. El fiscal hace especial hincapié en que el acusado actuó con pleno conocimiento tanto de la corta edad de la menor como de la situación de desamparo y fuga en la que esta se encontraba.
Bajo estas circunstancias, el hombre la trasladó a su domicilio particular en Pamplona, lugar donde permanecieron hasta la jornada siguiente y donde tuvo lugar una relación sexual. El Ministerio Fiscal califica este episodio como un delito de agresión sexual a menor de 16 años, por lo que la petición de pena principal asciende a diez años de privación de libertad, a lo que se suma la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales generadas por el juicio.
Un aspecto clave de esta causa radica en la situación administrativa del acusado, quien se encuentra en España de manera irregular. Por este motivo, la Fiscalía solicita que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio nacional, la cual llevaría aparejada la prohibición de regresar a España durante un plazo de diez años. En cualquier caso, el escrito de acusación prevé un estricto régimen de seguridad post-penitenciario que incluye 15 años de libertad vigilada y otros 15 años de inhabilitación especial para cualquier oficio o actividad que suponga contacto regular y directo con personas menores de edad.
El fiscal reclama la prohibición de que el procesado se aproxime a menos de 200 metros de la menor o se comunique con ella por cualquier medio durante un periodo de diez años. Solicita también una indemnización de 30.000 euros por los daños derivados del delito.
