La Fiscalía de Navarra solicita una pena de 10 años de prisión para un hombre de nacionalidad colombiana acusado de un delito de agresión sexual contra una menor de 14 años. El escrito de acusación, que será visto esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, detalla que los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando el procesado contactó con la víctima en plena calle de la capital navarra.
Según el relato del Ministerio Público, el acusado, que se encuentra en situación irregular en España, conoció a la joven el día 10 de agosto. La menor en ese momento se encontraba fugada del centro de acogimiento residencial especializado del Gobierno de Navarra ubicado en la localidad de Beriain. A pesar de tener pleno conocimiento de la minoría de edad de la chica y de su situación de desprotección, el procesado la trasladó a su domicilio particular en Pamplona.
Una vez en la vivienda, ambos mantuvieron relaciones sexuales con penetración, permaneciendo la menor en el inmueble hasta el día siguiente. El fiscal califica estos hechos como un delito de agresión sexual a menor de 16 años, por el que además de la pena privativa de libertad, solicita la inhabilitación absoluta del procesado y el pago de las costas procesales.
Dada la situación administrativa del acusado, el Ministerio Público ha pedido que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición expresa de regresar a España durante un periodo de 10 años. Además, el fiscal ha solicitado específicamente que, en caso de condena, el acusado ingrese de forma inmediata en prisión mientras se tramitan los trámites de expulsión, la cual debería ejecutarse en un plazo máximo de 30 días.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama una indemnización de 30.000 euros para la víctima por los daños causados. Asimismo, el escrito contempla medidas de protección que incluyen la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la joven o comunicarse con ella por cualquier medio durante una década.
A estas restricciones se sumaría una medida de libertad vigilada por un tiempo de 15 años, además de la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad durante ese mismo periodo.
