La Fiscalía solicita 6 años de prisión para una de las cuatro personas acusadas y 4 años para cada una de las otras tres por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud. El Ministerio Fiscal ha pedido la apertura de juicio ante la Audiencia Provincial por unos hechos ocurridos en Tudela en julio de 2023 y la vista se celebrará esta semana.
Los cuatro acusados, todos ellos de nacionalidad española, viajaban en la mañana del 26 de julio de 2023 en un vehículo por Tudela cuando, según sostiene la Fiscalía, agentes de la Policía Foral les dieron el alto.
La acusación pública relata que los policías registraron posteriormente el vehículo y localizaron distintas sustancias ocultas en un hueco situado sobre la palanca de cambio de marchas y en una riñonera.
Los análisis determinaron, según recoge el escrito de acusación, que se habían intervenido 27,1 gramos de anfetamina con una pureza del 17,2%; 5,41 gramos de anfetamina al 25%; 1,74 gramos de anfetamina al 25,2%; 1,6 gramos de anfetamina al 23,3%; 4,26 gramos de resina de cannabis; 0,23 gramos de anfetamina al 10,4%; y 0,27 gramos de MDMA al 31,9%.
La Fiscalía sostiene que estas sustancias iban a ser destinadas a la venta a terceras personas y calcula que habrían alcanzado en el mercado un valor de 1.084,60 euros.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368, inciso primero, del Código Penal. Atribuye la autoría del delito a los cuatro acusados.
En el caso de una de las acusadas, la Fiscalía aprecia además la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de reincidencia. Para los otros tres acusados sostiene que no concurre ninguna circunstancia modificativa.
Por este motivo, para la acusada a la que atribuye reincidencia solicita 6 años de prisión y una multa de 2.169,20 euros, con 4 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Para cada uno de los otros tres acusados reclama 4 años de prisión y una multa de 1.084,60 euros, con 2 meses de responsabilidad personal subsidiaria si no abonan la multa.
La Fiscalía pide además para todos ellos la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. El escrito no formula ninguna petición de indemnización por responsabilidad civil.
