La Fiscalía de Navarra ha solicitado la apertura de juicio oral contra cuatro acusados por una presunta estafa informática que logró desviar 81.440,03 euros de una empresa navarra. El caso llega esta semana a la Audiencia de Navarra después de una investigación que sitúa el origen del fraude a comienzos de 2022.
Según sostiene el Ministerio Público, todo comenzó con un correo electrónico fraudulento enviado a una empresa del sector agrícola. El mensaje simulaba una comunicación comercial legítima y reclamaba el pago de dos facturas pendientes, por importes aproximados de 51.800 y 29.600 euros, pero facilitaba dos cuentas bancarias que no pertenecían a los proveedores reales.
La acusación mantiene que detrás de esa maniobra actuaban los cuatro procesados junto a un quinto implicado, que actualmente se encuentra en rebeldía procesal. La finalidad, siempre según el relato del fiscal, era conseguir que el administrador de la mercantil realizara los pagos creyendo que estaba cumpliendo con una obligación ordinaria de la empresa.
La maniobra funcionó. La empresa navarra, convencida de que las instrucciones eran auténticas, hizo las transferencias en una sola jornada. El dinero acabó así en cuentas controladas por la red, en lugar de llegar a sus destinatarios legítimos.
Uno de los elementos que, según la Fiscalía, buscaba dificultar el seguimiento del dinero era el uso de una cuenta bancaria abierta a nombre de una persona completamente ajena a la trama. Esa persona había denunciado previamente la sustracción de su documentación personal. La otra cuenta figuraba a nombre del acusado que permanece fugado.
Una vez recibido el dinero, el fiscal relata que comenzó un rápido proceso de reparto y ocultación de fondos. Parte del efectivo fue retirado en cajeros automáticos y otra parte se transfirió a los cuatro acusados que ahora se sentarán en el banquillo.
Las cantidades que, supuestamente, recibió cada uno de los procesados oscilaron entre 4.400 y 17.800 euros. Esa distribución del dinero es uno de los indicios en los que se apoya la acusación para sostener que existió una actuación coordinada entre los implicados.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de falsedad en documento privado en concurso de normas con un delito de estafa. En términos prácticos, la acusación entiende que la falsificación de la comunicación sirvió como instrumento para ejecutar el engaño y obtener el dinero de la empresa perjudicada.
En el escrito de acusación también se recoge una medida específica para uno de los procesados, de nacionalidad extranjera. En su caso, el fiscal solicita que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regresar a España durante diez años.
Además, el Ministerio Público reclama que los acusados indemnicen de forma directa y solidaria a la mercantil afectada con el total del dinero defraudado, es decir, 81.440,03 euros, junto con los intereses legales correspondientes.
