La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra celebra esta semana el juicio contra un hombre de nacionalidad española acusado de un delito de agresión sexual.
La Fiscalía de la Comunidad Foral solicita para el procesado una pena de 10 años de prisión, al considerar que se aprovechó de la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, también de nacionalidad española, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, para violarla a pesar de su rotunda y constante oposición.
Según expone el escrito del ministerio público, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de mayo de 2018, alrededor de las 5:45 horas. El acusado, que carece de antecedentes penales, abandonó un local de ocio nocturno de la localidad de Tudela en compañía de la víctima y se dirigió a la zona del estacionamiento exterior. Una vez allí, el procesado presuntamente aprovechó que la joven se encontraba con sus facultades totalmente anuladas por la ingesta de alcohol para sentarse en el suelo y colocarla a horcajadas sobre él.
A continuación, le bajó el sujetador, le subió el vestido, le realizó tocamientos en el pecho y la penetró vaginalmente, ignorando por completo los ruegos de la víctima, quien le pidió reiteradamente que parase porque no quería continuar.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones físicas, entre las que se describen numerosos arañazos, marcas de presión en brazos, hombros y rodillas, además de una fuerte inflamación y un desgarro sangrante en la zona genital.
Estas lesiones requirieron asistencia médica urgente y siete días de recuperación para las heridas básicas. Asimismo, el documento fiscal subraya que la joven padece un severo malestar emocional derivado de estos hechos, por el que recibe tratamiento psicológico con el fin de recuperar su estabilidad psíquica.
La Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como un delito de violación, previsto en el artículo 179 del Código Penal, aplicando la redacción anterior a la reforma de la Ley.
Al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes. el Ministerio Fiscal pide una condena de 10 años de cárcel, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (la imposibilidad de ser votado en unas elecciones) durante el tiempo que dure la pena.
El escrito de acusación también incluye medidas de protección para la perjudicada. El fiscal solicita la prohibición de que el acusado se aproxime a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio o de su lugar de trabajo, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 12 años.
De igual modo, reclama que se le imponga una medida de libertad vigilada —un mecanismo de control judicial y seguimiento una vez salga de prisión— por un tiempo de 8 años. En el apartado de la responsabilidad civil, la acusación pública solicita que el procesado indemnice a la joven con un total de 15.200 euros, desglosados en 200 euros por las lesiones físicas y 15.000 euros por los daños morales ocasionados.
