La Fiscalía de Navarra solicita una condena de cuatro años de prisión para un hombre sorprendido en las calles de Tudela con una cantidad de anfetamina que, por su pesaje y pureza, se considera destinada al mercado ilegal. Los hechos, que van a ser juzgados esta semana en Pamplona, tuvieron lugar en la mañana del 30 de septiembre de 2023, concretamente sobre las 08:30 horas, momento en el que una patrulla de la Policía Nacional fijó su atención en un vehículo estacionado en una vía pública de la localidad.
Según el relato del fiscal, fue el comportamiento inusual y "anormal" del acusado lo que motivó que los agentes procedieran a su interceptación inmediata para realizar un registro preventivo. Durante la inspección del hombre, los agentes localizaron en el interior de una bandolera que este portaba una sustancia que, tras los pertinentes análisis de laboratorio, resultó ser anfetamina.
El pesaje oficial determinó que se trataba de 21,94 gramos con una riqueza media del 6,5%. Para el Ministerio Público, tanto el volumen de la droga como las circunstancias de la aprehensión permiten concluir que la sustancia iba a ser destinada por el acusado a su venta a terceras personas, descartando así la tesis del autoconsumo. El valor económico que esta mercancía habría alcanzado en el mercado negro se cifra en 947,76 euros.
Desde el punto de vista jurídico, la Fiscalía de Navarra califica estos hechos como un delito contra la salud pública, específicamente referido a sustancias que causan un grave daño a la salud. Al no concurrir en este caso circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal —como podrían ser atenuantes por toxicomanía o dilaciones indebidas—, la acusación pública mantiene su petición de cuatro años de cárcel para el procesado en calidad de autor del delito.
La propuesta de sanción no se limita a la privación de libertad, sino que integra una vertiente económica y administrativa de calado. El Fiscal solicita que se imponga al acusado una multa de 947,76 euros, idéntica al valor de la sustancia intervenida, advirtiendo que, en caso de que el condenado no pudiera hacer frente a dicho pago por insolvencia, deberá cumplir tres meses de arresto sustitutorio.
Asimismo, la condena llevaría aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la pena principal, además del pago íntegro de las costas procesales generadas por el procedimiento.
