La Audiencia Provincial de Navarra va a juzgar este miércoles a un hombre para quien la Fiscalía solicita cinco años de prisión y una multa de 1.845 euros por un presunto delito contra la salud pública. El Ministerio Público sostiene que el acusado se dedicaba de forma habitual al suministro de cocaína en distintos puntos de Pamplona y Berriozar.
La acusación añade además una petición especialmente relevante en este caso. Al tratarse de un ciudadano extranjero y contar con antecedentes por hechos similares, el fiscal ha interesado que la pena de cárcel sea sustituida por su expulsión de España, con la prohibición de regresar al territorio nacional durante diez años.ç
Según el relato de la Fiscalía, la actividad investigada se prolongó durante los meses de febrero, marzo y abril del pasado año. El primer episodio recogido en el escrito se produjo a finales de febrero, en una calle céntrica de la capital navarra, cuando el acusado mantuvo una fuerte discusión con un posible comprador al negarse a fiarle la sustancia.
Aquella escena terminó con la intervención de agentes de la Policía Foral, que interceptaron al investigado y le encontraron tres bolsitas de cocaína entre sus pertenencias. La droga presentaba una pureza superior al 80% y su valor en el mercado ilícito habría superado los 460 euros, siempre según la acusación pública.
A partir de ahí, las vigilancias policiales continuaron durante semanas. Los investigadores sostienen que el acusado repetía un mismo patrón antes de cada encuentro: realizaba maniobras de seguridad con su vehículo para comprobar el entorno y, solo después, cerraba las operaciones con sus clientes en distintos puntos de la comarca de Pamplona.
Una de esas transacciones se produjo en el barrio de la Rochapea. Según expone el fiscal, un varón se subió al coche del procesado durante apenas veinte segundos, el tiempo suficiente para completar un intercambio de droga por dinero. Los agentes mantuvieron el seguimiento y documentaron escenas similares también en Berriozar y en las inmediaciones de un establecimiento hostelero de San Jorge.
En varios de esos movimientos, la Policía logró interceptar a los compradores nada más terminar las entregas. A algunos de ellos les fueron incautadas dosis de estupefacientes envueltas con el mismo tipo de embalaje térmico que, presuntamente, utilizaba el acusado para preparar la sustancia.
El operativo terminó con un registro autorizado en el domicilio del encausado, situado en una avenida principal de Pamplona. En el interior de la vivienda, los agentes hallaron una máquina termoselladora, bolsas de plástico para empaquetado y una báscula de precisión con restos de sustancias blanquecinas, además de una pequeña cantidad de anfetaminas.
La Fiscalía sostiene que todos esos elementos eran compatibles con una actividad orientada a la preparación y distribución de dosis de droga. El valor conjunto de las sustancias intervenidas en este procedimiento asciende, según el escrito de acusación, a más de 600 euros.
El Ministerio Público califica los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. En su petición de pena pesa además una circunstancia que considera clave: la reincidencia, ya que el acusado cuenta con una condena anterior firme por hechos similares dictada en Barcelona en 2016.
Por todo ello, la Fiscalía solicita la pena de prisión, la multa económica y el comiso de la droga y del dinero intervenido durante la investigación. También mantiene su petición de que, en caso de acordarse la sustitución de la cárcel, el procesado sea expulsado del territorio nacional y no pueda volver a España durante una década.
